La defensa de Koldo solicita someterle al polígrafo y el Supremo rechaza su petición de apartar al tribunal

Los magistrados descartan su recusación, Ábalos descarta que el TS pueda juzgarle y el exasesor reclama un careo con Aldama

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El exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo - POOL
Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 12 febrero 2026 17:32

   MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

   La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha pedido este jueves en el Tribunal Supremo (TS) que se someta al acusado a la prueba del polígrafo de cara a la vista oral, así como apartar a los magistrados que juzgarán al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, una petición que ha sido rechazada por el propio tribunal por "extemporánea".

   En su intervención en la vista preliminar al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, la letrada también ha solicitado que se acuerde un careo entre Koldo y el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama.

   La representación de Koldo ha pedido apartar del tribunal a los magistrados Andrés Martínez Arrieta --que preside el tribunal--, Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Andrés Palomo y Julián Sánchez Melgar.

   En el caso de Melgar, en concreto, la abogada ha explicado que por haber sido fiscal general del Estado a propuesta del Partido Popular. "Entiende esta parte que tiene una manifiesta afinidad con una de las partes del proceso, el PP, que ejerce la portavocía de la acusación popular", ha señalado.

   Del resto de magistrados, la letrada ha indicado que resolvieron sobre cuestiones relativas a la causa al formar parte de la Sala de Admisión.

   Cabe recordar que los miembros del tribunal que se encargarán de la vista oral serán el presidente de la Sala de lo Penal, Martínez Arrieta, y los magistrados Sánchez Melgar, Marchena, Palomo, De Porres, Susana Polo y Javier Hernández.

   El presidente del tribunal ha rechazado su pretensión señalando que la ley señala un plazo formal de 10 días para formular la recusación. "Como usted sabe, el 14 de enero de 2026 se comunicó la composición de la Sala. La recusación que ha formulado ha sido de forma extemporánea", ha explicado.

LAS ACUSACIONES SE OPONEN

   A la petición de la letrada de Koldo se ha sumado la defensa de Ábalos, mientras que el resto de partes --la Fiscalía, las acusaciones populares lideradas por el PP y Aldama-- se han opuesto. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha incidido en que es extemporánea porque la composición de la sala se conoce "desde hace tiempo" y no concurre, ha dicho, ninguna causa de recusación.

   Anticorrupción también ha apostado por ofrecer acciones a las empresas públicas Ineco y Tragsatec "en la medida en que puedan considerarse perjudicadas" por la contratación supuestamente irregular de mujeres vinculadas a Ábalos, recordando que solicita que se indemnice a ambas.

ENVIAR LA CAUSA A LA AUDIENCIA NACIONAL

   La representación de García también se ha centrado en pedir que la causa se envíe a la Audiencia Nacional (AN), donde está "siendo investigado por los mismos delitos y el mismo periodo". "O se le juzga allí o se le juzga aquí", ha insistido, criticando que se haya vulnerado, a su juicio, el "principio al juez predeterminado por la ley".

   Desde su punto de vista, se trata de una "cuestión de tal importancia" que debería ser resuelta con carácter previo, lo que llevaría --de enviarse la causa a la AN-- a que "el juicio ya no sería inmediato". "El riesgo de fuga desaparecería y solicito la inmediata puesta en libertad (de Koldo)", ha apostillado.

   En el mismo sentido, la letrada ha pedido que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alegando que se están vulnerando derechos al privar a Koldo, si le juzga el Supremo, de la doble instancia y no poder recurrir si es condenado, ya que la sentencia sería firme.

   "Se genera una situación de desigualdad procesal", ha sostenido, para explicar que ella también ejerce como abogada de la expareja y del hermano de Koldo, investigados en la Audiencia Nacional y que sí tendrían posibilidad de recurrir a una instancia superior. Dicho eso, ha avisado de que podría acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

   Ha criticado, además, que no se haya efectuado la devolución de sus dispositivos. "Es una causa de nulidad como un castillo de grande", ha afirmado.

   Por otro lado, ha invocado la presunta indefensión a la que se ha sometido a Koldo "por ruptura de la continencia de la causa", al no haber tenido "acceso a nada" de lo que se ha aportado en la AN.

   Y ha señalado que el juicio tendría que celebrarse con jurado popular ante los delitos que se atribuyen, una petición que ya hizo Ábalos y que el tribunal desestimó.

ÁBALOS DICE QUE SU RENUNCIA AL ACTA NO ES UNA "TÁCTICA DILATORIA"

   Por su parte, la defensa de Ábalos ha reclamado igualmente su puesta en libertad y ha coincidido en la supuesta falta de competencia del Supremo para juzgarle y que se pase a la AN, incidiendo como Koldo en la pérdida de la doble instancia.

   Su abogado, Marino Turiel, ha negado que la renuncia al acta de diputado y al aforamiento --condición que implicó que le investigara el Supremo-- fuera una "táctica dilatoria" para retrasar el juicio.

   La defensa de Aldama ha descartado que la causa deba enviarse a la AN, asegurando que Ábalos "era diputado" cuando se investigaron los hechos y cuando se abrió juicio oral. Además, también se ha opuesto a que los tres acusados deban ser enjuiciados por un jurado popular.

    El letrado José Antonio Choclán se ha referido a las acusaciones de haber alcanzado un acuerdo con Anticorrupción. "Estamos conformes con los hechos, disentimos con la consecuencia penal", ha aclarado, indicando que Aldama únicamente se ha acogido a un "comportamiento previsto en la ley". Y ha anticipado que el empresario "declarará con total transparencia" en el juicio, contestando a todas las preguntas "que se le quieran formular".

ANTICORRUPCIÓN NIEGA TRATO DE FAVOR A ALDAMA

   Tras las defensas de los procesados, Anticorrupción ha acusado a la defensa de Koldo de tener una "conducta errática y contradictoria", asegurando que podría haber pedido que no se le investigase por el Supremo antes de la apertura de juicio oral. "Contrariamente, hasta el día de hoy había pedido traer la causa de la Audiencia Nacional aquí", ha afeado.

   El fiscal Luzón, además, ha explicado que resolver que la competencia es de la AN implicaría romper "la certeza del procedimiento", "generaría dilaciones indebidas" y evitaría que se juzgaran los hechos en un "plazo razonable", oponiéndose a su vez a que el juicio sea por jurado y a la cuestión prejudicial.

   Además, Luzón se ha referido a la acusación de haber pactado con Aldama. "Cuando Aldama decidió declarar la Fiscalía se entero en ese acto de lo que iba diciendo. No es una declaración premiada ni nada relacionado", ha sostenido, dejando claro que el hecho de que su petición de pena sea menor es porque así lo establece el Código Penal, en alusión a la atenuante por confesión.

EN PRISIÓN DESDE NOVIEMBRE

   Esta audiencia preliminar viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuyo artículo 785 establece que se "requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor".

   Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, han seguido la misma de forma presencial, aunque solo han intervenido en la misma sus abogados, que defienden que son inocentes.

   La Fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo y siete para Aldama, una petición menor por haber reconocido los delitos de los que se le acusa.

   Anticorrupción atribuye al exministro y su exasesor presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Al empresario le aplica la atenuante de confesión y le achaca solo los tres primeros delitos.

   Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el Ábalos y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

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