MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga ha absuelto a la ex alcaldesa de la localidad malagueña de Marbella, Marisol Yagüe, acusada de un delito de prevaricación por no pagar la asignación correspondiente a los grupos municipales de la oposición cuando ésta era regidora. El juez considera que la conducta de la primera edil no fue arbitraria ni injusta.
El fiscal solicitó 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público. La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, declara probado que en octubre de 2003 se aprobó en pleno, siendo Yagüe alcaldesa, un acuerdo por el que se pagaría a los grupos municipales una asignación mensual de 1.500 euros para atender sus gastos y de 600 euros por cada concejal integrante.
En mayo de 2004, los entonces ediles del grupo mixto D, Alberto García Muñoz, Francisco Javier Lendínez y Carlos Marín, presentaron la denuncia contra la regidora, al considerar que no se habían pagado las cantidades correspondientes "por animadversión, incluso personal". No obstante, el dinero fue cobrado por los denunciantes en julio de 2005.
El juez determina, tras las declaraciones practicadas en el juicio y la documentación aportada, que la demora en el cobro "afectó también a los demás grupos municipales, a quienes se les realizaron los pagos en similares fechas que a los denunciantes", por lo que concluye que no consta que la conducta de la alcaldesa marbellí fuera arbitraria.
Asimismo, se indica que en esa época "era notoria la falta de liquidez y organización existente en el Ayuntamiento". En este punto, Yagüe declaró que dada la situación económica "siguió las prioridades de pago que le indicó el interventor", en concreto nóminas, luz, agua y, luego, los concejales, con la única prioridad de los que tenían en ese momento dedicación exclusiva.
"Habida cuenta de la falta de liquidez y organización, se advierte que el comportamiento de la acusada no estuvo basado en motivos de animadversión o de interés personal por parte de ésta contra los denunciantes, sino en razones de objetividad que deben presidir los actos de las autoridades y funcionarios", asevera la resolución, contra la que cabe recurso.
DECLARACIONES
Para el juez, "no puede decirse que no haya dejado de actuar en la búsqueda de una solución al problema", según los documentos y sobre todo la declaración del interventor, quien confirmó los problemas de liquidez, "ya que el Ayuntamiento carecía de dinero" y que había deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, "por lo que el dinero recibido era retenido o embargado".
En este sentido, apuntó que este grupo cobró las cantidades debidas y que las posteriores "no han sido abonadas al no haberse pasado los denunciantes por el Ayuntamiento". De hecho, Lendínez está en ignorado paradero y Muñoz, en tercer grado penitenciario. El otro ex edil fue el único que compareció en el juicio y constató que, aunque tardaron, cobraron las cantidades adeudadas.