El Estado ha retenido 1.200 millones a ayuntamientos que se han sumado al plan de pago a proveedores pero no han aprobado plan de ajuste
MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
Administraciones Públicas negocia también con CiU y con el PNV, además del PSOE, la reforma de la administración local, que confía en que "esté organizada" para el próximo otoño y cuyo objetivo es tener un sector local "más eficiente" pero "sin perder" la representatividad, la elección pública de cargos.
Así lo ha explicado Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, durante su intervención en una jornada organizada por la Fundación Rafael del Pino, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid bajo el título 'Renovando España'.
Beteta ha explicado que la reforma tiene que terminar también con los 3.500 millones que dedican los ayuntamientos a servicios que no les corresponde prestar, las llamadas competencias impropias, y que para ellos avanzan las negociaciones con los grupos parlamentarios.
El secretario de Estado ha vuelto insistir en la necesidad de que las administraciones públicas reduzcan su gasto y se limiten a gastar lo que ingresan y a pagar lo que compran, y ha subrayado la trascendencia de la Ley de Estabilidad para que este criterio se mantenga cuando vuelvan "los buenos tiempos, que volverán". "Hay que evitar una nueva e irresponsable espiral de gasto", ha añadido.
Como argumento, Antonio Beteta ha defendido que España tiene "una de las mejores estructuras administrativas de Europa", pero ha apostado por la reforma porque es un gasto cuyo peso ha crecido mucho, en unos casos más que en otros, ha precisado. Así, mientras el 77 por ciento de los trabajadores del Estado son funcionarios, en la administración local lo son el 34 por ciento. La media, incluidas también las Comunidades, es del 66 por ciento.
En esta política de "sanear" las administraciones, Beteta ha vuelto a defender el plan de pago a proveedores. Ha repasado las cifras de este programa y ha precisado que el Estado ha retenido 1.200 millones de la financiación que paga a los ayuntamientos para avalar esta operación en el caso de aquellos municipios a los que no se les aprobó el correspondiente plan de ajuste.
