El proyecto de ley de la Agencia Tributaria cántabra se remitirá al Parlamento en febrero o marzo, para aprobarlo en primavera u otoño
SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno cántabro, Ángel Agudo, aseguró hoy que la propuesta de reforma fiscal prometida por el PP es un "chiste", porque plantea ofrecer "unos servicios públicos suecos, con un sistema impositivo caribeño" y, para eso, sería necesario alcanzar un crecimiento económico "tres veces el de los chinos" y contar con una "tasa de natalidad africana".
En rueda de prensa, el consejero recalcó que la reducción de impuestos propuesta por la oposición en la confianza de que el crecimiento económico inducido compensará la pérdida de ingresos tributarios --la conocida como curva de Laffer--, es una teoría que tiene tantos defensores como "detractores".
De hecho, destacó que en países donde se ha aplicado --incluidos Estados Unidos y Reino Unido, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher al frente, respectivamente-- el resultado fue la plasmación de "las tres 'des': un déficit descomunal, un deterioro de los servicios públicos y desigualdades" entre los ciudadanos. Y, "sin irse tan lejos", Agudo aseguró que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid, pero a costa de "no aplicar la Ley de Dependencia".
En sus palabras, la propuesta 'popular' es "irrealizable, poco creíble e injusta", entre otras cosas, por fijar una tributación diferente para las mujeres cuando la carga impositiva, a su juicio, debe tener "carácter progresivo" en función de la renta. Pero, sobre todo, opinó que la reforma propugnada por el PP es "fruto de la desesperación electoral" y propia de "alguien que sabe que no tiene posibilidad de ganar" las elecciones.
En cambio, Agudo recalcó que el Gobierno cántabro "no va a entrar en momentos electorales en una subasta sobre bajada de impuestos" y frente a la propuesta "grosera, irreal" y de "ficción" del PP, apostó por analizar cualquier posible reforma fiscal en el marco del nuevo modelo de financiación autonómico que, a su juicio, se debatirá en el conjunto de España "en muy pocos meses", "gane quien gane las elecciones".
Por tanto, explicó que los ciudadanos tienen dos opciones: la de "apuntalar" el crecimiento económico, buscando al tiempo que sea "más equilibrado" y ofrecer "más y mejores servicios públicos, más equidad y eficiencia"; o el "modelo B", defendido por el PP, que supondría "déficit, deterioro y desigualdad". "La teoría menos impuestos, más crecimiento y mismos servicios públicos, es tan irrealizable y tal ensoñación que no cabe en cabeza humana", sentenció Agudo.
Según las estimaciones del consejero, si los contribuyentes cántabros dejaran de abonar a Hacienda unos 400 millones de euros como el PP prevé con su reforma del IRPF, la economía cántabra tendría que crecer a un ritmo del 22,3 por ciento para que los ingresos de la Comunidad Autónoma no se vieran mermados y se pudiera mantener el mismo nivel de gasto público. Si la pérdida de ingresos fuera de 500 millones, se requeriría un crecimiento del 25,6% y "no hay país en el mundo" con tales crecimientos, apuntó.
El consejero añadió que la propuesta 'popular' "se carga" los ingresos de la Administración cántabra en concepto de IRPF, que en los presupuestos regionales de 2008 ascienden a 349,5 millones de euros. Pero además, afectará "negativamente" a 565.000 cántabros que tendrán "peor sanidad, peor educación, escasa aplicación de la Ley de Dependencia, pocas políticas de empleo y nulas políticas de vivienda protegida".
NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN.
Tras recalcar que los impuestos "no son un fin en sí mismo", sino que resultan necesarios para la "democracia, la seguridad y la equidad", el titular de Economía insistió en la necesidad de analizar la reforma fiscal en el contexto de la modificación del modelo de financiación autonómica.
En su opinión, ese cambio de modelo se sustentará, entre otros principios, en la creación de espacios fiscales propios en las comunidades autónomas, que tendrán así más capacidad para decidir sobre los impuestos y, con ello, "más capacidad y autonomía financiera y política, pero también más responsabilidad".
Además, "pivotará más sobre los ingresos vía impuestos", cuyo peso va a crecer, frente al descenso del peso del Fondo de Suficiencia, y se deberá incrementar el gasto público por parte de las comunidades autónomas, como responsables de la gestión del estado del bienestar y de la Ley de Dependencia.
En ese contexto, el Gobierno cántabro está trabajando ya para analizar la situación y las vías para acomodarse a ella. Se propone realizar una propuesta "global e integral" de todas las posibilidades y sus consecuencias. Algunas de las posibilidades pasan, por ejemplo, por un cambio de la carga tributaria para hacerla "más equitativa y justa", y por la creación de nuevos impuestos sobre hábitos no deseables, como la fiscalidad verde, con la que se contribuiría además a luchar contra el cambio climático.
La intención del Gobierno cántabro, según explicó Agudo, es "acompasar" el desarrollo de las propuestas fiscales de la región con el debate sobre el modelo de financiación autonómica en España de forma que, tan pronto como éste se apruebe, el Gobierno regional pueda remitir al Parlamento cántabro su propuesta. Sobre los plazos, reconoció que no será fácil lograr un consenso nacional sobre la financiación autonómica --que, a su juicio, debería aprobarse por unanimidad--, y no sabe si se darán las condiciones para cerrarlo en 2008.
AGENCIA TRIBUTARIA CÁNTABRA.
Junto a todo ello, en lo que también trabaja el Gobierno de Cantabria es en la creación de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma, que en su caso es independiente de la reforma de la financiación y deberá crearse en cualquier caso.
El consejero señaló que esperan tener el borrador del proyecto de ley para finales de este año, con el fin de iniciar entonces el trámite de consultas en otras consejerías, el Consejo Económico y Social (CES), los servicios jurídicos y el resto de la tramitación, hasta su aprobación como proyecto de ley en el Consejo de Gobierno y su remisión al Parlamento, que confía en que se produzca entre los meses de febrero y marzo, de forma que pueda aprobarse la ley en primavera o, si no fuera posible, a principios de otoño de 2008.
