AMP.- La ex alcaldesa del PP Pinto (Madrid), imputada por presunta prevaricación

PINTO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Instrucción número 6 de Parla ha imputado a la ex alcaldesa y actual portavoz del PP, Miriam Rabaneda, y a su hermana Tamara, quien fuera concejala de Hacienda en su Gobierno, por un presunto delito de prevaricación por la gestión económica durante su mandato.

En concreto, el auto -al que tuvo acceso Europa Press- consideró que ambas ordenaron presuntamente "pagos efectuados contra los reparos de ilegalidad emitidos por Intervención y Tesorería" y a pesar de un informe negativo de Intervención del Ayuntamiento fechado el 19 de diciembre, tres días antes de la presentación de la moción de censura que rubricaron PSOE, IU y 'Juntos por Pinto (JpP) y que la expulsó de la Alcaldía.

El juzgado considera que aunque muchos de los 400 expedientes que contaron con informes desfavorables de Intervención o Tesorería "no son constitutivos de delito", la causa debe continuar ante la imposibilidad de excluir "indicios de criminalidad" en la actitud adoptada por ambas "al ordenar pagos cuando el expediente al que pertenecían había mediado reparo previa por la Intervención".

"Destaca la contumacia con que las denunciadas -remarca el auto- ordenaron a la tesorera efectuar los pagos relacionados con aquel documento cuando la moción de censura era inminente, obviando la necesidad de los funcionarios de efectuar el obligado arqueo ante el anunciado relevo" y manteniendo a la Interventora y Tesorera más allá de su horario habitual "a fin de ejecutar los pagos por ellas ordenados en contra de su criterio técnico".

Por otro lado, el juzgado ordena el archivo de las diligencias por un presunto delito de malversación ya que, a su entender, del "relato de los hechos" no "existe un solo dato que induzca a pensar en un desplazamiento patrimonial sin causa que pueda" derivar en incremento patrimonial.

"Podrían existir pagos efectuados a través de un procedimiento irregular, pero no pagos destinados a retribuir prestaciones de servicios o adquisiciones de bienes inexistentes", argumenta el juez al respecto.

LA DENUNCIA

La resolución judicial, fechada el pasado 28 de enero, se produjo a raíz de la denuncia por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que presentó el alcalde pinteño contra el Ejecutivo anterior del Partido Popular.

El auto tiene en cuenta esta denuncia -basada en la documentación y los informes de Tesorería e Intervención- que explicita que hubo expedientes administrativos de pagos que contaron con informes desfavorables de ambas funcionarias.

De esta manera, el juez apunta que se produjeron presuntamente gastos sin consignación presupuestaria, prelación y fraccionamiento de pagos y facturas sin aprobación previa, y con informes negativos, lo que -según el auto- supuso un "menosprecio a la ley".

La denuncia presentada por el regidor incluía documentación sobre los 264 informes desfavorables emitidos por la Interventora entre el 1 de enero de 19 de diciembre de 2008. En algunos casos, los gastos no contaron con el "requisito legal" de la aprobación previa y en otros pudo producirse "fraccionamiento de contratos para eludir las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público".

En el decálogo de presuntas irregularidades denunciadas figuraba también la ausencia de justificación clara en gastos o la aparecieron de subvenciones que no reunían presumiblemente "los requisitos legales", al margen de encomiendas a la empresa pública de servicios ASERPINTO con "acuerdos" que podían no ajustarse a la legalidad.

En esta línea, la denuncia mantenía que, entre el 9 de diciembre y el 22 de diciembre de aquel año, Intervención emitió 30 informes desfavorables en los que advertía de "ilegalidad en el modo de proceder" y otros en los que se efectuaba "reparo de legalidad".

De hecho, la Interventora .-según recoge el auto judicial- "planteó dos reparos de legalidad a dos órdenes de pago realizadas por la concejala de Hacienda, el 30 de julio de 2008" porque "no había consignación presupuestaria".

INFORMES CONJUNTOS

La interventora y la tesorera firmaron también informes conjuntos contra determinados aspectos de la gestión del PP. Según el auto judicial, "ambas funcionarias emitieron conjuntamente más de 50 informes" en los que indicaban "graves irregularidades", como un pago de 200.000 euros desde Hacienda a la empresa ASERPINTO a pesar de "la falta de liquidez" y de "no estar garantizados los pagos de personal del Ayuntamiento".

Las funcionarias del Ayuntamientos advirtieron, además, de la existencia de una partida de 5 millones de euros "cuya naturaleza" estaba sin determinar "al no existir ningún acuerdo" que permitiese su formalización".

REDUCIÓN DE LAS ARCAS

El juzgado investigará las presuntas irregularidades cometidas en el plano económico cuando el PP tuvo conocimiento de que PSOE, IU y JpP presentarían una moción de censura.

Así, de la documentación aportada en la denuncia, el juzgado destacó el recorte en el 'saldo' de las arcas municipales en apenas veinte días, un montante que se redujo de los 13,6 millones del 2 de diciembre a los 2,5 millones del día 22, momento en que se produjo la moción.

En esos días, según recoge el auto, el Gobierno popular de Rabaneda "procedió masivamente y poniendo en grave riesgo incluso las retribuciones salariales del personal a pagar arbitrariamente obviando las exigencias legales", situación que puso al Ayuntamiento pinteño "en una de situaciones más difíciles de su historia reciente".

La denuncia consideraba, además, que existe "presunta corrupción al beneficiar a más de un proveedor en el último minuto" frente al criterio profesional de los funcionarios. Incluso alguno de los perceptores pudo mantener "vínculos políticos" con el Ejecutivo del PP que autorizó los pagos.