PALMA DE MALLORCA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Govern se personará como acusación popular en contra de los controladores por la comisión de un presunto delito de sedición, cuando el pasado 3 de diciembre abandonaron de forma masiva sus puestos de trabajo, afectando a más de 40.000 pasajeros en los aeropuertos de Baleares.
Así lo ha anunciado la portavoz del Govern en los pasillos del Parlament, Joana Barceló, quien ha justificado esta decisión debido a los "gravedad" de los hechos ocurridos durante el Puente de la Constitución.
De este modo, el Ejecutivo emprenderá acciones legales contra el colectivo de los controladores. Por su parte, hoteleros y agencias de viajes deben valorar aún si emprenden actuaciones contra AENA por su falta de previsión a la hora de anticipar el caos provocado la pasada semana, que llevó al organismo a cerrar el espacio aéreo español.
"El Govern balear se pone de una manera clarísima, y lamento que el PP no lo haga, a favor de los ciudadanos, a favor de las empresas, a favor de nuestra economía y, por tanto, ejerceremos la acusación popular en torno a lo que hace referencia a los requisitos procesales que en estos momentos están abiertos por parte de la Fiscalía", ha afirmado la consellera durante una pregunta parlamentaria.
De este modo, la portavoz del Govern ha matizado que ejercerán la acusación popular "en las causas judiciales que estén abiertas ligadas a todo este proceso, siempre de una manera muy clara ligada al interés de los ciudadanos".
Barceló ha subrayado que "nunca más" y "bajo ningún concepto" el sector aéreo puede quedar "secuestrado por ningún colectivo". Un transporte, ha puntualizado, que en el caso de un archipiélago es "un servicio público de primera magnitud y estratégico".
La consellera ha indicado que este martes se terminarán de calcular los costes económicos que el paro aéreo supuso para el sector turístico de las islas. Cabe señalar que sólo la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ya cifró estas pérdidas provisionales en unos 150.000 euros.
Asimismo, Barceló ha añadido que, tras la acción de los controladores, se han presentado más de mil reclamaciones particulares "con efectos económicos y personales verdaderamente invalorables económicamente".
