Los peritos le atribuyen la dirección de la "comisión militar" de los GRAPO, donde un secretario general actuaba "a modo de caudillo"
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha expulsado al miembro de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) Manuel Pérez Martínez, 'camarada Arenas', después de ponerse en pie y cantar con el puño en alto 'La Internacional' en el turno de última palabra.
Este incidente ha tenido lugar este viernes al final de la vista en la que se juzga a los dirigentes de los GRAPO Manuel Pérez Martínez, alias 'Camarada Arenas', y María Victoria Gómez Méndez por la colocación en mayo de 1998 de diversos artefactos explosivos en delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda. La Fiscalía pide para ambos una pena de 12 años de prisión por la comisión de dos delitos de daños terroristas y otro de daños terroristas en grado de tentativa.
"Ya ha llegado el momento de poner fin a esta farsa y declarar que nuestro partido ha sido objeto y sigue siendo objeto de la represión de tipo fascista", ha exclamado quien fuera secretario general del PCE (reconstituido). Tras ello, el juez le ordenó sentarse en un puesto más alejado en el banquillo de los acusados, momento en el que el 'camarada Arenas' entonó en pie las primeras estrofas del famoso himno del movimiento obrero, que siguió coreando con el puño en alto la veintena de familiares y amigos que se encontraban en el público.
"Llévenselo", ha enfatizado Gómez Bermúdez mientras ordenaba desalojar al público y proseguir el juicio a puerta cerrada. En él,. hizo uso del turno de última palabra María Victoria Gómez, quien ya admitió en la sesión de este jueves haber pertenecido al "comando central" de los GRAPO aunque no ordenar las acciones perpetradas por cada comando.
"ME HAGO CARGO DEL MUERTO"
La vista oral ha continuado este viernes con las pruebas periciales, entre las que varios documentos han señalado que Manuel Pérez Martínez era también conocido bajo el sobrenombre de 'Pedro', extremo que él tildó como "un absurdo" y "un montaje".
Sin embargo, para el fiscal Carlos Bautista la pertenencia de este alias no es un asunto menor ya que 'Pedro' sería, según una carta manuscrita intervenida en el domicilio del acusado, quien pasó a dirigir la "comisión militar" de los GRAPO, y por lo tanto a ordenar las acciones operativas.
Han añadido que en otro escrito intervenido, titulado 'Arenas se confiesa', la organización desvelaba "uno de sus secretos mejor guardados" como era que Pérez Martínez era conocido internamente como 'Pedro'.
Los peritos han sostenido que los escritos incautados apuntan a que el 'camarada Arenas' se hizo cargo de esta comisión militar después de los "problemas" que surgieron en su interior en abril de 1998. "Me hago cargo del muerto", decía otro documento mecanografiado, cuya autoría atribuyen al inculpado, quien entonces habría pasado a ocuparse de la secretaria general, la comisión política y el aparato militar, según los peritos.
Según expusieron, el secretario general era así el encargado de presidir las reuniones de esta comisión militar y además actuaba a "modo de caudillo" dentro de la organización. "Era una figura incuestionable. Los GRAPO tenían una estructura fuertemente jerarquizada, los planes pasan por esa comisión política en la que el último que decide es el secretario general", han aseverado.
Por otro lado, han hecho alusión al manual técnico de colocación explosivos hallado en el domicilio parisiense del 'camarada Arenas' y que éste último calificó como "una reliquia" que guardaba a modo de "curiosidad". Los peritos han rebatido esta idea al apuntar que el manual "no había perdido antigüedad" como refleja el hecho de que la rama militar contaba con varios de ellos en su poder.
El representante del Ministerio Público ha modificado su petición inicial en la que consideraba a los acusados "inductores" de los ataques. Así, ha solicitado para ambos 12 años de prisión, la asunción de las responsabilidades civiles y ha entendido que los procesados actuaron como "autores mediatos" o por comisión por omisión, pero no como inductores.
Por su parte, la defensa ha reclamado la absolución de ambos al estimar un "vacío total y absoluto" en la instrucción y el atestado policial y advertir que ni siquiera se ha tenido la intención de demostrar quienes son los autores materiales de los ataques a las delegaciones de Hacienda. Finalmente, ha advertido que las escuchas telefónicas realizadas durante cuatro años a unas 200 personas no han revelado ningún dato de interés.
