BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona ha condenado a los ex presidentes de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) Enric Roig y Antoni Herce a 6 años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos y, a éste último, a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Según la sentencia, se considera probado que Roig y Herce "ambicionando un enriquecimiento muy superior al que les proporcionaba su sueldo y conscientes de la ilegalidad", crearon una trama para constituir en 1990 --cuando eran director y director económico respectivamente-- un fondo de pensiones para directivos con la aseguradora Winterthur, al que FGC haría una aportación anual para que cuando los trabajadores partícipes se jubilaran recibieran una remuneración.
Ambos eran "sabedores de que estos cobros diferidos no eran legítimos", ya que suponían un aumento de sus ingresos expresamente prohibido y, además, no se pidió autorización al Consejo de Administración de la entidad, al que tampoco informó de la suscripción tras la firma, tal y como era necesario.
Albert Vilalta, que en 1991 era presidente de la entidad, firmó junto a Roig, --que era el director-- un reglamento para constituir el fondo, que permitió que desde ese año hasta que se disolvió, en el 2000, una quincena de directivos se repartieran unos 2,7 millones de euros.
En concreto, según el alto tribunal, Roig se embolsó 178 millones de las antiguas pesetas de este fondo cuando cesó de su cargo de presidente --que ocupó desde el 93 hasta el 99-- y Herce de 46 millones de pesetas, cuando en el 2000 se disolvió el fondo y se repartió entre los cuatro partícipes que aun quedaban en la empresa.
El tercer acusado en la trama, el ex consejero de Medio Ambiente Albert Vilalta, ha sido absuelto de ambos delitos, según consta en la sentencia avanzada por 'El Periódico'.
Aunque el tribunal considera que tanto Vilalta como Roig cometieron prevaricación, el delito ha quedado prescrito para ambos, ya que se produjo en el momento de la realización de los contratos, en 1991, mientras que sí se le puede imputar a Herce, que, a finales de 1999, cuando ya era presidente de FGC, suscribió algunos contratos con directivos para que se beneficiaran del fondo.
Respecto a Vilalta, considera que no se le puede imputar un delito de malversación ya que, aunque firmó el contrato del fondo como presidente de FGC, no se enriqueció, ya que no se embolsó dinero.
Para recuperar las cantidades que se embolsaron fraudulentamente, tal y como pedía Fiscalía, la Audiencia se remite a las vías de acción civil.