MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, advirtió hoy de que el padrón municipal está reconociendo "de facto" derechos a los inmigrantes y aseguró que es necesario reformar la Ley de Extranjería para establecer con claridad "una regulación general de derechos y procedimientos únicos en todo el territorio nacional". A su juicio, la ley debe determinar qué derechos tienen los inmigrantes legales y cuáles los ilegales.
En una rueda de prensa en la sede del PP, al término del Comité de Dirección, De Cospedal insistió en que la legislación debe dejar claro quién establece los derechos que se reconocen a los extranjeros y cuál es la autoridad competente. A su entender, "eso no puede depender de un padrón municipal o de la decisión de un alcalde", sino de "una normativa que sea aplicable y básica en todo el territorio nacional".
"El padrón municipal de facto está teniendo el efecto de reconocimiento de derechos y eso lo saben los ciudadanos de toda España y lo saben los extranjeros que viven en nuestro país", indicó, para añadir que eso "no es lo que perseguía el legislador" y por lo tanto "hay que dejar bien claro cuál es el soporte legal de reconocimiento de derechos y libertades a los extranjeros en España".
La secretaria general del PP resaltó que su partido quiere "una regulación clara de los derechos y libertades que asisten a los extranjeros que residen en España y que, además, sea diferente la de los extranjeros con residencia legal de la de los extranjeros sin residencia legal".
DEBATE "AMPLÍO" SOBRE INMIGRACIÓN
De Cospedal informó del comunicado sobre inmigración aprobado esta mañana por el comité de alcaldes de su formación, en el que pide un "debate amplio y riguroso" sobre este tema porque se están produciendo "cambios muy profundos" en la sociedad que "no son ajenos a la grave crisis económica y a la destrucción masiva de empleo".
El PP considera que a la situación que viven muchos inmigrantes se ha llegado por la "falta de una política de Estado" por parte del Gobierno socialista. Además, destaca que la competencia de inmigración es del Ejecutivo y que no se puede trasladar esa responsabilidad a los ayuntamientos.
Los 'populares' señalan en el mismo comunicado que la legislación actual incurre en "importantes contradicciones" y se hace necesario "un marco regulatorio claro donde se fijen los principios, derechos y deberes que corresponde a cada cuál y un procedimiento coherente en todo el territorio nacional". Por ello, exige al Gobierno una reforma de la Ley de Extranjería que marque la regulación general de derechos y los mismos procedimientos en toda España.
PROPUESTAS DEL PP
De Cospedal confirmó que su partido volverá a presentar una propuesta alternativa de la Ley de Extranjería, que recogerá ideas similares a las que presentó en sus enmiendas hace poco más de un mes de el Congreso y que fueron rechazadas por el PSOE.
Así, el Grupo Popular pedirá de nuevo la prohibición por ley de las regularizaciones masivas; mayor control de fronteras; mecanismos suficientes para garantizar la igualdad de derechos a través de fórmulas como el contrato de integración para los residentes; y mecanismos suficientes para hacer efectivas las ordenes de expulsión.
También demandará una regulación más rigurosa en la concesión de permisos de residencia por arraigo, respecto a los extranjeros que tengan pendiente una orden de expulsión y, por último, mecanismos de expulsión preferente a aquellos extranjeros condenados con penas de más seis años una vez cumplida la condena.