El fiscal sólo pide penas para tres de los diez acusados, para los que el juzgado pide una fianza total superior a los 2 millones
PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Instrucción número 1 de Aoiz ordenó hoy la apertura del juicio oral contra Ignacio Galipienzo, ex alcalde del Valle de Egüés, y otros nueve acusados en relación con presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en este consistorio, en relación con la concesión de una licencia para construir un apartotel en una parcela de uso escolar.
Corresponderá juzgar el caso a la Audiencia Provincial de Navarra, secciones segunda o tercera, y, según fuentes judiciales, la vista no se producirá antes de otoño, ya que la sección primera tiene que resolver un recurso presentado por varios imputados para que se archive la causa o se retire la acusación. Así, aunque el juzgado decrete el juicio oral contra diez personas, la sección primera podría reducir el número. El fiscal pide penas sólo para tres de ellos.
Además, en el auto de hoy, el juzgado requiere a los diez acusados (además de Galipienzo, su esposa Eva Iglesias, Emilio Izquierdo, José Luis Ruiz Bartolomé, María Concepción Flores, Luis Galo, Oscar Pérez, José Javier Iribarren, Nuria Alas Brun y Jesús Marco) para que en el plazo de un día presten fianza de 2.173.741,76 euros. Además, Flores e Iribarren deben prestar otra fianza de 362.658,30 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran resultar de la causa.
PETICIÓN DEL FISCAL
El fiscal pide 18 meses de prisión para Galipienzo, además de 10 años de inhabilitación para cargo público, por un delito de prevariación urbanística. Y una multa de 10 meses (15.000 euros, a 50 euros por día día) y 3 años de suspensión por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Según el escrito de acusación del fiscal emitido en febrero, Galipienzo otorgó en junio de 2003 licencia de obras para la construcción de un aparthotel en una parcela de "uso exclusivamente escolar", a sabiendas de esta calificación. Se da la circunstancia de que había actuado, meses antes, como intermediario en la compraventa de este terreno. Además, tenía relaciones comerciales con la empresa que iba a construir la infraestructura hotelera.
Además, el fiscal considera que Galipienzo debe restituir los 23 millones de pesetas que cobró a Castillo de Gorraiz-Construcciones Flores, empresa propietaria de la parcela, en cuya venta intermedió.
Considera que el contrato de intermediación entre RMA Urbana y la citada mercantil es contrario a las leyes.
Según el fiscal, si bien Galipienzo fue quien realmente intervino en la compraventa, presentó como mediador a su socio José Luis Ruiz, administrador de RMA Urbana, para ocultar su participación ante Flores.
También pide multa de 6 meses (5 euros por día día) y 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de arquitecto a Nuria Alas Brun, ex arquitecta de Egüés, por el delito de prevaricación.
Por último pide multa de 6 meses (10 euros por día) y suspensión de empleo o cargo público a José Luis Ruiz Bartolomé, socio del ex alcalde de UPN, como cooperador del delito de negociación prohibida.
Respecto a Jesús Marco del Rincón, María Concepción Flores González, José Javier Iribarren, Luis Galo, Emilio Izquierdo, Oscar Pérez Rodríguez y Eva Iglesias, solicita el sobreseimiento provisional.
Además del fiscal, también han formulado acusación el Concejo de Badostain, el Ayuntamiento de Valle de Egüés, el partido político Aralar.
LOS HECHOS
En el auto de cierre de la instrucción iniciada en febrero de 2004, firmado en octubre de 2005, la entonces jueza instructora de Aoiz recogió que existían indicios de delito en 10 personas. Según el auto, Ignacio Galipienzo "intermedió" en la operación de compra-venta de la parcela S22 de Gorraiz para la construcción de un apartotel en un solar que estaba calificado para uso exclusivamente escolar.
Según recogió el auto, "se le pagó por ello no sólo como mediador inmobiliario, sino como alcalde al conceder la licencia que rubricaba la operación", una licencia que la magistrada tildó de "ilegal". Según la juez, queda "acreditado" que cobró de Construcciones Flores, propietaria del solar, y de Aricam, promotor.
Los hechos investigados comenzaron el 28 de junio de 2002. La parcela cambió de dueños y en un día, su precio pasó de 5,4 a 6,4 millones. Según el auto, Construcciones Flores pagó por la operación una comisión de 181.900 euros a la sociedad mercantil RMA, que tenía como administrador único a Ruiz Bartolomé, amigo de Galipienzo, que no quería figurar como titular de RMA. Sin embargo, de esta comisión, cerca de 140.000 euros fueron a parar al ex alcalde, según se hizo constar en el auto.
La jueza consideró que Galipienzo tuvo una "activa intervención" en la adquisición de la parcela S22 por parte de GEA y "por supuesto en la concesión de la licencia para la construcción del apartotel en ella".
Tras el conocimiento público de estos hechos, UPN forzó la dimisión y baja temporal de Galipienzo el 14 de noviembre de 2003. Tras la denuncia de los concejos del valle, la fiscalía inició la investigación. Estos hechos derivaron en la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra.
