AMPL.- PP recurre en el Senado la exclusión de López como candidato al TC y pide reiniciar la elección de magistrados

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, registró esta mañana el segundo recurso de su partido contra la inadmisión en la Cámara Alta de Enrique López como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional, alegando que sí cumple con la antigüedad exigida en la ley para el cargo, los 15 años de ejercicio en la carrera judicial. El PP solicita por ello que la Mesa del Senado anule el acuerdo en el que rechazó a López y adopte uno nuevo.

El PP añade una segunda reclamación en su escrito, que se reinicie el proceso de renovación de los cuatro magistrados que elige la Cámara Alta puesto que han transcurrido casi dos años desde que las CCAA enviaron al Senado a sus candidatos y han pasado suficientes cosas como para dejar el proceso actual "contaminado". Al menos, exige el PP, que el Senado les pida nuevas propuestas a los dos parlamentos autonómicos, el vasco y el gallego, que han vivido elecciones y cambiado de mayorías desde entonces.

El de hoy es el segundo escrito ante la Mesa presentado por el PP contra la exclusión de López, aunque el primero se limitó a denunciar un error formal en el acuerdo del Senado: se citaba equivocadamente un artículo de la Constitución. La errata fue corregida y ahora los 'populares' se dirigen contra el fondo del asunto.

Mientras tanto, sigue abierto el plazo hasta el 29 de junio para que los legislativos autonómicos que presentaron a López envíen una nueva propuesta, aunque el PP ya anunciado que mantiene su apoyo al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial. También hará una propuesta nueva Andalucía, uno de cuyos candidatos, Juan Carlos Campo, propuesto por el PSOE y actual secretario de Estado de Justicia, incumple el requisito de 15 años de antigüedad.

LA EXPERIENCIA DE ENRIQUE LÓPEZ

La primera parte del recurso del PP está dedicada a argumentar a favor de la experiencia en activo de Enrique López. El punto central del debate es que los letrados del Senado no computan como servicio activo el tiempo que permaneció López en el CGPJ, con lo que no alcanza a su juicio los 15 años que se exigen para formar parte del Constitucional.

El PP interpreta la legislación para concluir que en la carrera judicial están limitadas las funciones que se pueden ejercer en situación de servicios especiales y que esta se encuentra "plenamente asimilada a la de servicio activo, a todos los efectos". Más en el caso de servicios en el Consejo General, defiende el PP.

"La función judicial es una profesión que no se deja de ejercer en sentido laxo del término cuando se desarrolla nada más y nada menos que el desempeño de la función de gobierno de tal función, desde el Consejo General del Poder Judicial. Es obvio que desde tal puesto no se ejerce jurisdicción, pero se lleva a cabo una función totalmente asimilable a la misma", se argumenta en el recurso.

Tras esta asimilación de términos, los 'populares' aportan una copia del certificado de "servicios prestados" de Enrique López emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se fija que a fecha del 24 de septiembre de 2008, el candidato del PP sumaba 19 años, siete meses y 17 días. "Hoy, habría que actualizarlo a casi los 21 años", se añade en el texto.

El PP apunta a continuación que el CGPJ es "el único órgano constitucional con competencia exclusiva en materia de estatuto jurídico de jueces y magistrados" y se pregunta que si acreditó en su día esa experiencia, por qué la Mesa del Senado no lo tiene en cuenta. "No puede cuestionar ni ir más allá de la certificación (...) emitida por el CGPJ", censura el PP.

REINICIAR UN PROCESO JURÍDICO-POLÍTICO

La segunda parte del recurso de los 'populares' está dirigido a rebatir la reapertura del proceso de renovación de los cuatro magistrados, que la mayoría del Senado, con la única oposición del PP, inició en 2007, cerró, abrió, dejó en suspenso y ha retomado a lo largo de estos dos años y medio de forma "arbitraria".

El PP reconoce que no hay unos plazos marcados para la elección de magistrados en el Senado, pero asegura que es un procedimiento de naturaleza jurídico-política, no estrictamente administrativo, "como afirma la Secretaría General (del Senado)", por lo que el paso del tiempo se debe tener en cuenta: "han ocurrido cosas, y muchas, que afectan a la naturaleza profundamente política del proceso de designación".

"¿Puede entenderse que un retraso de casi dos años sea un 'plazo razonable' y que el procedimiento pueda ahora descongelarse sin más? No obstante ser éste un concepto jurídicamente indeterminado, es obvio que en este caso lo 'razonable' no se ve por ninguna parte. Es más, la inexistencia de un plazo razonable abre las puertas a la arbitrariedad más absoluta, otorgando a la mayoría existente en cada momento un dominio de los tiempos que le permita planificar el resultado del proceso, vaciándolo así de cualquier elemento garantista", argumenta el PP.

Entre las cosas que han ocurrido en este tiempo, se añade, se encuentran los nuevos parlamentos surgidos de las elecciones en Galicia y el País Vasco, con mayorías distintas a las que enviaron candidatos al Senado hace casi dos años. "Voluntades ya superadas", las de aquellos legislativos, interpreta el PP, se van a imponer a "voluntades en presencia", las de los parlamentos actuales. "Más allá de un fraude de ley es un intento abocado al fracaso", asegura.

Los 'populares' apuntan que se puede sospechar que se quiere evitar que Galicia y el País Vasco modifiquen sus propuestas iniciales. "Y esa sospecha debería evitarse", advierten.

Tanto por el tiempo mismo transcurrido como por las cosas sucedidas, el PP interpreta que todo el proceso de elección de candidatos ha quedado "contaminado", "de tal manera que se hace necesario abrir, sin más dilación, uno nuevo". Es decir, reiniciar la renovación de los cuatro magistrados desde el principio.