(Amplia) Fiscalía denuncia a Estela Matutes, Joan y Antoni Marí Tur y José Sala en el Juzgado de Ibiza por prevaricación

PALMA DE MALLORCA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Adrián Zalazar, ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Intrucción de Eivissa contra la consellera en funciones de Vías y Obras del Consell de Ibiza, Estela Matutes, el conseller de Patrimonio, Joan Marí Tur, el diputado Antoni Marí Tur, y el alcalde de Sant Antoni, José Sala, por un presunto delito de prevaricación y otros en la aprobación del Plan Territorial de Ibiza.

Según informó el Ministerio Fiscal en un comunicado, la petición del fiscal de solicitar, el pasado 19 de junio, al juzgado de la isla pitiusa que investigue si estas personas han podido incurrir en un delito de prevaricación tienen el origen en una denuncia formulada por las organizaciones ecologistas GOB-GEN de Eivissa ante la Fiscalía, poniendo en conocimiento unos hechos que motivaron la incoación de diligencias informativas para el esclarecimiento de los hechos.

Una de las portavoces del Grup de Estudis de La Natura (GEN), Neus Prats, se mostró "satisfecha" porque la Fiscalía atienda esta denuncia, que presentó la agrupación el pasado mes de diciembre. Según Prats, el Plan Insular Territorial (PTI) incurre en ilegalidades tales como tráfico de influencias, prevaricación y actividades prohibidas a autoridades, ya que se redactó y aprobó con "disposiciones a medida de proyectos urbanísticos vinculados al ex-Ministro de Exteriores del PP, Abel Matutes".

Desde el GEN-GOB Eivissa denunciaron que, precisamente la hija del ex ministro, Stela Matutes, desde el cargo de consellera del Consell Insular de Eivissa y Formentera, votó a favor de un Plan Territorial que "beneficia a sus empresas", aseguró.

La portavoz de los ecologistas dijo que el Plan Territorial debería ser un instrumento que regulara el modelo urbanístico para las islas, en vez de contener, reiteró, "disposiciones a medida de los desarrollos urbanísticos proyectados y contratos previamente firmados por empresas pertenecientes al Grupo Matutes".

Como pruebas de esta denuncia la agrupación presentó ante la Fiscalía una serie de documentos registrados el 12 de mayo de 2004, donde sociedades del Grupo Matutes vendieron a la inmobiliaria Realia Business, perteneciente al grupo contructivo FCC, terrenos pertenecientes a Ses Variades, en Sant Antoni, calificados como suelo rústico con la condición suspensiva, ante notario, de la aprobación definitiva en el Plan antes de tres años de su desarrollo urbanístico.

Según los ecologistas, la redacción que se aprobó posteriormente en el Plan Territorial coincide plenamente con lo pactado "tipificando a este sector con una edificabilidad prohibida en el resto de urbanizables de primera línea de mar en la isla de Eivissa".

Según Prats, el PTI también contempla el puerto deportivo que dos meses y medio antes de su aprobación inicial ya era un proyecto de Realia Bussines y Grupo Matutes. Unos hechos que incurren, según dijo, en delitos de prevaricación que también "salpicarían al Ayuntamiento de Sant Antoni".

Prats puso de manifiesto las "contradicciones" de un documento donde a pesar de que su parte técnica hace referencia en repetidas ocasiones a los problemas de masificación urbanística de la costa en Eivissa, por una carencia de infraestructuras, problemas para suministro de agua potable y energía así comosalinización de acuíferos, recupera la condición de urbanizables, usando la discrecionalidad permitida por las leyes 8/2003 y 10/2003 (Ley de acompañamiento de presupuestos), de un importante número de planes parciales desclasificados desde 1999".

Es de destacar que ningún miembro de la agrupación ecologista se presentó la pasada semana al acto de conciliación para que los ecologistas se retractaran de sus manifestaciones contra el grupo de empresas afectado. Desde el GEN ya indicaron entonces "se ampliará la denuncia ante la gravedad de los hechos producidos".