Uno de los procesados está acusado de disparar "varias ráfagas" con un fusil de asalto a un agente de la Guardia Civil
ALMERÍA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La vista oral contra doce individuos que enfrentan penas de entre 25 y 5 años de cárcel por su pertenencia a una red internacional de narcotráfico de hachís, que tenía previsto su inicio mañana en la Audiencia Provincial de Almería, ha sido suspendido después de que una de las letradas de la defensa se haya visto obligada a renunciar por ser también la abogada de dos de los acusados en otro procedimiento penal.
Fuentes judiciales informaron a Europa Press que el juicio, que debía seguirse en la Sección Tercera durante tres jornadas, se ha aplazado sin fecha aunque se prevé que en el segundo semestre del año pueda celebrarse por unos hechos que se remontan a abril de 2003 y en el que el principal procesado, Francisco David S.L., es un miembro del clan de 'Los Culebros', con un amplio historial delictivo.
El fiscal pide un total de 25 años de prisión para él al considerarle el cabecilla de una red de narcotráfico de hachís que, durante una operación de alijo, efectuó hasta cuatro ráfagas de disparos con un fusil de asaltó contra un agente de la Guardia Civil que participaba en el operativo para abortar el desembarco de 2,1 toneladas de droga en el litoral de Casasfuertes, en la capital almeriense.
El procesado se sienta en el banquillo junto a dos de sus hermanos, Juan Antonio y Rafael, y nueve hombres más que enfrentan penas individuales de 13 años y nueve meses, y cinco años de cárcel por su pertenencia a un grupo organizado que se encargaba de la introducción de "grandes cantidades" de sustancia estupefaciente procedente de Marruecos donde tenían contacto con otras redes internacionales.
Según se recoge en el escrito de calificación provisional, Francisco David S.L. era el encargado de preparar los alijos y la infraestructura necesaria para ocultar el hachís en un lugar seguro para su posterior distribución por el territorio nacional, para lo que contaba con el auxilio de personas a las que contrataba dependiendo del tipo de operación.
El 4 de abril de 2003, los tres hermanos junto a tres de los procesados, tenían prevista la recepción de un cargamento de droga en la zona litoral conocida como Casasfuertes, en el barrio capitalino de Retamar. Alertados por el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), dos agentes de la Guardia Civil se personaron en la playa junto cuando se producía el desembarco de 70 fardos de hachís con un peso de 2,1 toneladas y una pureza del 5,86 por ciento.
En ese momento, Francisco David S.L., quien portaba un fusil de asalto Cetme del calibre 7.62 milímetros, disparó hasta cuatro ráfagas de disparos contra uno de los efectivos pese a que éste, según resalta el fiscal, ya había dado la voz de alto y era "visible" debido a que estaba utilizando una linterna para iluminar la zona.
No fue, sin embargo, hasta octubre cuando la investigación fructificó después de que la Guardia Civil constatase que en la madrugada del día 16 se había producido un segundo alijo de droga concertado por el principal acusado con el cabecilla de la ramificación marroquí de la red y en el que habían participado otras seis personas de las que se sientan en el banquillo, a quienes se movilizó desde Ceuta y Marbella (Málaga).
Ese mismo día, se detuvo a todos los integrantes de la red al hallar los agentes un total de 28 fardos de hachís ocultos en el maletero de un turismo estacionado junto a un chambado de uralita en la calle donde residía el jefe de la organización. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería dicto auto de entrada y registro para cuatro inmuebles que los acusados utilizaban como armeros, polvorines y para almacenar la sustancia estupefaciente.
ARMAS DE GUERRA
En total, se intervinieron 68 tabletas de 250 gramos de hachís, cuatro pistolas, un fusil de asalto, una escopeta con mira telescópica, un silenciador, numerosas cajas de cartuchos de 9 milímetros parabellum, de calibre 7.62 y 22, un puño americano, un arma prohibida con agarre de púas y hoja de filo, seis transmisores y numerosa documentación, además de cinco vehículos de alta gama, décimos de lotería, embarcaciones neumáticas, una moto quad, otra acuática y joyas.
El fiscal interesa para Francisco David S.L. una pena de siete años de prisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, a la que hay que sumar tres años y seis meses por atentado contra la autoridad, seis años y nueve meses por un delito continuado contra la salud pública, seis años por depósito de armas de guerra y munición, y un año y nueve meses por un delito continuado de receptación.
Rafael S.L., Juan Antonio S.L, Juan Antonio V.G., Jesús L.E. y Jesús S.C. enfrentan seis años de cárcel por un delito continuado contra la salud pública, seis años por depósito de armas de guerra y municipal y un año y nueve meses por delito continuado de receptación mientras que para Juan N.M., Sergio G.C. José V.M. José María L.Q., José Javier R.N. y Raimundo Óscar L.M. el Ministerio Público solicita cinco años de prisión por un delito contra la salud pública.
