La Audiencia Nacional vuelve a denegar la libertad a Villarejo por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

Actualizado 03/01/2019 14:21:12 CET

Avisa de que es el único que podría acceder al material incautado porque aún tiene que ser descifrado y hay peligro de que lo destruya

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha denegado este jueves la petición de libertad provisional del comisario jubilado José Manuel Villarejo porque no ha habido ninguna "modificación" en su situación personal y todavía persiste riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas, según han adelantado a Europa Press fuentes jurídicas.

Así lo ha decidido en un auto Tardón, que sustituye esta semana al nuevo magistrado instructor del 'caso Tándem', Manuel García Castellón, después de que Villarejo solicitase el pasado 18 de diciembre su puesta en libertad con medidas cautelares tras más de un año en prisión provisional por presuntos delitos de blanqueo, organización criminal, extorsión y cohecho, entre otros.

La defensa del comisario jubilado propuso su libertad a cambio de "someterse a algún mecanismo de control telemático", visitas diarias de la Guardia Civil a su domicilio, un sistema de reconocimiento biométrico de la voz e "incluso" localización permanente en su vivienda de la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

HA INTENTADO SALIR DE PRISIÓN 12 VECES

En el año y dos meses que el comisario lleva en prisión provisional, la Audiencia Nacional ya ha rechazado hasta en 12 ocasiones su puesta en libertad, siempre alegando un elevado riesgo de fuga como razón principal. La última vez fue el pasado mes de noviembre y fue la Sección Tercera de la Sala de lo Penal la que lo denegó, añadiendo que además existía riesgo de destrucción de pruebas y que el investigado podía conservar capital oculto en extranjero.

Villarejo, de 67 años, presentó su último escrito cuanto todavía instruía el 'caso Tándem' el magistrado Diego de Egea, antiguo juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6. Sin embargo, De Egea ha dejado la Audiencia Nacional y desde el 1 de enero se encarga de esta causa el magistrado titular, García Castellón, si bien ahora éste se encuentra de vacaciones y esta semana le sustituye María Tardón.

El juez Diego de Egea llevaba tiempo estudiando la posibilidad de poner en libertad a Villarejo con algún tipo de medida de control telemático o arresto domiciliario, pero los plazos administrativos han querido que la que resuelva esta última petición sea la nueva instructora del Juzgado Central número 3, que comparte el criterio tanto de la Sala de lo Penal como de la Fiscalía Anticorrupción.

Así, considera que, una vez examinadas las actuaciones de esta causa, "no puede advertirse que se haya producido modificación alguna" respecto de las resoluciones judiciales anteriores en las que se denegaba la excarcelación "ni sobre los presupuestos objetivos" que sustentan la medida de prisión provisional, los cuales "siguen plenamente vigentes".

Es más, la magistrada subraya que los indicios que pesan sobre el comisario jubilado "se han venido consolidando a lo largo de la instrucción" y, en su opinión, no existe "fundamento alguno" en la queja de la defensa respecto de una "investigación prospectiva", argumento que, además, ya fue rechazado por la Sección Tercera.

MEDIDA "CLARAMENTE PROPORCIONADA"

Son numerosas las alusiones que la juez hace en su auto al informe de Anticorrupción desfavorable a la excarcelación del expolicía, que califica de "minucioso y detallado" y por el que llega a la conclusión de que los "requisitos objetivos" para mantenerle en prisión son "claramente concurrentes" y, por lo tanto, la medida es "plenamente proporcionada".

Sobre la alegación de "indefensión" que hacía la defensa de Villarejo en su escrito por la "masiva filtración de la investigación a prácticamente todos los medios de comunicación", la juez desdeña este argumento al no ver en él mayor pretensión que "invocar una descalificación genérica del contenido de las diligencias de investigación o del carácter espurio del material probatorio incorporado al procedimiento". A su juicio, no tiene "ninguna virtualidad ni relevancia" a la hora de valorar sobre la petición de libertad.

Además, Tardón recuerda que en una de sus primeras declaraciones judiciales, Villarejo afirmó que el material informático que se le ha intervenido contiene "información sensible" para la seguridad del Estado y las fuentes documentales ya analizadas han confirmado un "sólido cuadro indiciario de la comisión de múltiples delitos de naturaleza grave", esto es, organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de fondos públicos.

Toda la documentación y el material informático incautados, añade Tardón, aún está "pendiente de descifrado", de manera que persiste de forma "seria y real" el "riesgo de destrucción o alteración de pruebas por parte del investigado", ya que, "como máximo responsable de la organización criminal mantendría el control, directo o indirecto, sobre las claves de acceso" a ese material.

La gravedad de los delitos que se le imputan al comisario es uno de los argumentos de la magistrada Tardón para alegar que existe riesgo de fuga debido a las "responsabilidades penales" a las que se enfrenta, al tiempo que en un año y dos meses que lleva en prisión provisional se han ido desvelando "nuevos" hechos por los que investigarle. En total, en poco más de un año se han abierto ocho piezas en el 'caso Tándem'.

SE HAN REABIERTO DOS INVESTIGACIONES

Es más, la juez destaca que en los últimos meses se han reabierto por orden de la Sala de lo Penal dos piezas que ya habían sido sobreseídas por el anterior instructor --la pieza 'Land' y la que afectaba al también comisario Carlos Salamanca-- y se ha abierto la pieza 'Kitchen', que investiga el presunto uso de fondos reservados para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas a través de un operativo policial que habría liderado Villarejo y sobre el que también está indagando el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Todo ello, subraya Tardón en su auto, "refuerza en mayor medida el criterio del ya constatado riesgo de fuga", y además se añade el hecho de que en sus viviendas en Madrid y Estepona se encontrara "dinero en metálico y oro" en cantidades más elevadas "de lo que puede ser para uso en la vida diaria". Tampoco "puede descartarse" que Villarejo "posea medios económicos aún no descubiertos", apunta.

En los registros los investigadores también localizaron "documentación en blanco y con datos de identidad que no se correspondían con la fotografía" del comisario que en ellos constaba, lo que a la magistrada le "lleva a inferir que podrían utilizarse para una eventual huida si fuere preciso".

"Las investigaciones llevadas a cabo han puesto de manifiesto su facilidad para trasladarse de unos a otros países tanto dentro como fuera de Europa, los contactos, las conexiones e intereses económicos que el apelante tiene en otros países y donde podría refugiarse, eludiendo así sus futuras responsabilidades penales", señala Tardón.

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, el auto menciona que las conductas delictivas que se le atribuyen al expolicía "se vienen desarrollando durante un prolongado periodo de tiempo, sin que su actuación ilícita con abuso de sus funciones policiales constituya un hecho aislado, en el contexto de una organización criminal en la que ostentaría una posición jerárquica de máximo control".

En último lugar, la magistrada afirma que en su último escrito Villarejo no ha aportado ningún informe nuevo de los servicios médicos penitenciarios y que los últimos "confirmaron que el cuadro clínico" del investigado es "perfectamente compatible con el régimen propio de los presos preventivos y, en concreto, con el régimen aplicado en el módulo especial de funcionarios" de la cárcel de Estremera en la que se encuentra desde noviembre de 2017.

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