MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, impulsores de la querella admitida hoy a trámite por el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el cobro de unos cursos que organizó en Nueva York entre 2005 y 2006, solicitaron hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no espere a que termine la instrucción sobre este asunto y el magistrado pueda ser sentado en el banquillo para suspenderle cautelarmente en sus funciones.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y que fue remitido esta tarde por fax a varios despachos del órgano de gobierno de los jueces, recuerda que la de hoy es la segunda querella admitida a trámite por el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
El escrito compara la situación de Garzón con la del juez de familia de Murcia condenado por prevaricación Fernando Ferrín Calamita, cuya suspensión fue acordada por el CGPJ tras la admisión a trámite de una querella contra él por un delito de retardo malicioso a la hora de tramitar una adopción por una pareja de lesbianas. En este caso, no se espero al procesamiento del juez, recuerdan los querellantes.
En relación con la posición de la Fiscalía, que instó la desestimación de la querella, los abogados señalan que es consecuencia de que "el Ejecutivo le respalda porque, dicho sea de paso, buenos favores le ha hecho al Gobierno y a su partido".
"No es de recibo, por carencia de relevancia legal, que cuando la querella la apoye el fiscal se suspenda al magistrado y cuando no, no se haga", continúa el escrito.
"Si no se suspende a Garzón tras la admisión de esta segunda querella la temperatura de la caldera de la falta de credibilidad de este Consejo Judicial subirá hasta límites de riesgo lo que, tal vez, sea necesario para provocar los drásticos cambios institucionales que precisamos los ciudadanos", finaliza el documento.
Esta nueva acción penal contra Garzón se produce después de que en marzo de 2009 el Supremo archivara una primera querella por el mismo asunto ordenara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los investigara. El órgano de gobierno de los jueces abrió diligencias informativas contra el juez, pero las cerró el pasado mes de julio sin aplicarle ninguna sanción disciplinaria.
El auto notificado hoy por la Sala de lo Penal, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, justifica la admisión ahora de la querella por el conocimiento por la Sala de un hecho nuevo denunciado por los letrados, "que el propio querellado solicitó personalmente a la entidad bancaria (Banco Santander) la entrega del dinero para sufragar los gastos que originarían unas actividades en las que participaría directa y personalmente de una forma relevante".
En los razonamientos jurídicos del auto, dictado en contra del criterio fiscal, que instó el archivo de las actuaciones, se distingue entre tres hechos: la presunta ocultación por Garzón de la percepción de un sueldo en atención a sus actividades en la Universidad de Nueva York; el archivo de una querella presentada contra el presidente del Santander, Emilio Botín, que podría tener relación con el incumplimiento de su deber de abstención; y finalmente, la solicitud a esta entidad del patrocinio de los cursos, efectuado personalmente por el magistrado.