Actualizado 06/02/2007 23:30 CET

La AVT mantiene su petición de penas de entre 9 a 51 años en el 'macrojuicio' contra el entorno de ETA

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), personada como acusación popular en el 'macrojuicio' que se celebra en la Audiencia Nacional contra el supuesto entorno de ETA, mantuvo esta tarde su petición de penas de entre 9 a 51 años de prisión para 52 de los acusados y propuso como alternativa la solicitud de penas del fiscal Enrique Molina de entre 4 a 19 años de cárcel. Al igual que la Fiscalía, retiró la acusación al miembro de la Fundación Joxemi Zumalabe José Ignacio Uruñuela.

El abogado de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura, mantuvo su solicitud inicial de penas para los procesados y se adhirió como alternativa a la del fiscal. Pese a ello, modificó de sus conclusiones provisionales la pena de 15 y 12 años de cárcel que pedía por el delito de integración en organización terrorista a 9 años de prisión, así como la pena de 10 años del delito de colaboración en banda armada a 7 años de prisión.

Rodríguez expondrá su informe el próximo 14 de febrero. Las sesiones se reanudarán ese día en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la calle Génova, ya que el 15 comenzará el juicio por el 11-M en las instalaciones de este tribunal en la Casa de Campo.

En la sesión de esta mañana, Molina rebajó, entre otros, de 51 a 13 años de prisión su solicitud de prisión para Xabier Alegría, considerado el enlace de ETA con las distintas organizaciones presentes en la causa. Se le imputa los delitos de integración, continuado falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales e insolvencia punible. Inicialmente, se le acusaba de integración, cuatro delitos contra la Seguridad Social, cuatro contra la Hacienda Pública, de contabilidad y falsedad documental.

También rebajó la pena de 48 a 19 años de cárcel al ex miembro de la Mesa Nacional de HB José Luis Elkoro y al ex consejero de Orain Francisco Murga, quienes se enfrentan ahora a la mayor pena por los delitos de colaboración, dos contra la seguridad social, uno de falseamiento y otro de insolvencia punible. Se les retira así el delito de integración y varios delitos contra la Hacienda Pública.

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