"Hay un abandono de las víctimas y eso tiene que cambiar", afirma el exmagistrado de la Audiencia Nacional
MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Internacional Baltasar Garzón ha presentado una iniciativa de 'crowdfunding' para conseguir los 55.000 euros que le faltan para la postproducción de la película documental The Code que persigue dar a conocer la importancia de la jurisdicción universal como "arma en defensa de la humanidad", según ha afirmado la directora de esta organización, María Garzón durante la presentación del proyecto a la prensa. Al acto asistieron el propio Garzón y la fiscal coordinadora de Terrorismo de la Audiencia Nacional, Dolores delgado.
El objetivo de la campaña es poder presentar la película el próximo mes de septiembre en el Festival de San Sebastián y llevarla también a otros festivales antes de poder estrenarla en cines. En la cinta, dirigida por Carles Caparrós, se habla de la lucha de un centenar de jueces, fiscales y abogados en todo el mundo por construir un nuevo código de la Jurisdicción Universal que permita combatir el genocidio y la impunidad con el apoyo de la sociedad civil.
El que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien en su día dictó la orden de detención del dictador chileno Augusto Pinochet, ha lamentado la reforma de 2014 auspiciada por el PP que supuso la derogación de facto de la jurisdicción en España y ha destacado la importancia de este instrumento legal para perseguir, no el genocidio, sino también otras conductas de carácter económico y medioambiental que a su juicio suponen igualmente delitos de lesa humanidad.
AGENCIAS DE CALIFICACIÓN Y BOKO-HARAM
A su juicio "hay un abandono de las víctimas y eso debe cambiar", y ha citado los crímenes donde participan grandes corporaciones -como son las agencias de calificación- con grandes interés y poco control cuyos análisis han tenido repercusión en países como Grecia o la financiación del grupo terrorista Boko-Haram . En cuanto al "ecocidio" ha citado casos como el desastre de Bhopal, la nube tóxica sobre Malasia o INdonesia y las explotaciones de oro y coltán en la zona africana de los grandes lagos.
Los juristas que aparecen en el documental tratan además que temas tales como especular con alimentos de primera necesidad, emitir bonos basura, despilfarrar dinero público o contaminar a gran escala sean denunciables internacionalmente y se consideren crímenes contra la humanidad.
La productora de The Code ha fijado un objetivo de 55.000 euros y contemplan una serie de "recompensas" para quienes deseen colaborar. Estos detalles van en función de la contribución económica desde por ejemplo la inclusión del propio nombre en la web de la película, hasta la asistencia este verano al curso sobre ecocidio en la localidad de Torres organizado por la Universidad de Jaén y FIBGAR; el DVD de la película o una sesión de trabajo con el juez Baltasar Garzón para hablar de los avances en Jurisdicción Universal.
Entre los protagonistas de esta historia figuran, además de Garzón; Reed Brody, abogado estadounidense consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch; Naomi Roht-Arriaza, experta mundial en Impunidad, Justicia Transicional y Derecho Internacional Humanitario; William Bourdon, abogado francés fundador y presidente de Sherpa, organización en defensa de las víctimas de crímenes cometidos por operadores económicos o delitos de cuello blanco; Polly Higgins, abogada británica internacional de origen escocés (1968), experta en la ley del Ecocidio o Luis Moreno Ocampo, abogado argentino (1952). Primer Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (2003-2012).
Por su parte, la fiscal Delgado ha definido como "militante de la jurisdicción universal", ya que la considera una "herramienta extraordinaria" para la lucha contra los crímenes contra la humanidad según ha podido comprobar durante su trabajo como fiscal antidroga y después en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Así, ha explicado que durante sus años en el primero de estos departamentos aplicaban "un día sí y otro también" los principios de jurisdicción universal para la interceptación de barcos logrando desarticular así organizaciones de narcotráfico "y nadie lo cuestionaba". También se ha aplicado este principio en la lucha contra el terrorismo, por lo que considera que este principio "ayuda a trabajar por la seguridad de todos".
