BNG ve en la inelegibilidad de su candidato de Arzúa el primer "daño colateral" de la reforma electoral contra Batasuna

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, se ha referido este miércoles a la inelegibilidad del alcalde de Arzúa y candidato a la reelección por ese partido, Xaquín García Couso, como el primer "daño colateral" de las "leyes de excepción" para impedir que la izquierda abertzale se presente a las elecciones y ha advertido de que "no va a ser el último".

En concreto, Jorquera se refería a la reciente reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que entró en vigor en el mes de enero, según la cual García Couso es inelegible al pesar sobre él una condena no firme por un delito de desobediencia, al no haber ejecutado una sentencia del TSJ de Galicia, que fue confirmada por el Tribunal Supremo, que ordenaba la demolición de una construcción ilegal.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en compañía del propio García Couso y del asesor legal Carlos Hernández, Jorquera ha recordado que el precepto que se ha aplicado al alcalde de Arzúa, referente a los condenados por delitos de rebelión, terrorismo y contra la Administración Pública, se estableció "única y exclusivamente para cerrar el paso a Batasuna a las elecciones".

"No es exagerado decir que estamos ante el primer daño colateral de estas leyes de excepción, y no va a ser el último", ha advertido el diputado nacionalista, tras asegurar que este tipo de leyes "acaban atentando contra derechos democráticos fundamentales y garantías constitucionales básicas" y señalar que "el conjunto de la sociedad y de los ciudadanos acaban siendo afectados" por las mismas.

Después de reiterar la oposición del BNG a la reciente reforma de la LOREG, Jorquera se ha comprometido a impulsar en el Congreso de los Diputados una reforma que corrija la que está vigente; la cual, según ha señalado, fue aprobada por el PSOE y PP con la oposición de los grupos nacionalistas y de izquierdas.

"EL PP PRETENDE GANAR CON SUBTERFUGIOS LEGALES"

Por otro lado, ha denunciado que el PP "pretende ganar con subterfugios legales lo que no puede ganar en las urnas", ya que la Junta Electoral de Zona de Santiago requirió la exclusión de García Couso de la lista sobre la base del art. 6.2.b de la LOREG a instancias del PP. En este sentido, ha acusado a los 'populares' de "jugar sucio" y carecer de "la más mínima ética política".

La rueda de prensa en el Congreso de los Diputados ha tenido lugar un día después de que se conociera la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso presentado por García Couso al "no apreciarse en este caso especial trascendencia constitucional".

Jorquera ha lamentado esa decisión y ha acusado al Tribunal Constitucional de "dejación" de sus funciones. "No es irrelevante que un ciudadano decente, honrado, sin ninguna condena firme vea en la práctica conculcado el derecho de sufragio pasivo, ya sea un trabajador de la construcción o un alcalde, el alcalde de Arzúa o el alcalde de Barcelona. Desde el punto de vista constitucional, nunca puede ser irrelevante un caso tan grave como éste", ha afirmado.

No obstante, la resolución emitida por el Tribunal Constitucional recoge la posibilidad de que el fiscal general presente un recurso de súplica hasta que finalice este jueves. Así, Jorquera ha instado a Conde-Pumpido a recurrir al Tribunal Constitucional "para evitar que se siente un precedente gravísimo que va a acabar degradando la democracia".

Por su parte, García Couso, ha manifestado que aún tiene "esperanzas" de poder presentarse a las elecciones, y se ha preguntado cuántos otros candidatos tendrán condenas similares y aún así concurren a las elecciones.

El asesor legal Carlos Hernández ha señalado que a todo lo anterior se suma el hecho de que a García Couso se le está aplicando la ley de forma "retroactiva".

Se dan las circunstancias de que la construcción ilegal --un edificio de seis plantas-- fue levantada de forma ilegal bajo un ex regidor del PP, que también gobernaba cuando salió la sentencia que ordenaba su demolición, en 1997.

Los tres han explicado que la demora a la hora de llevar a cabo el derribo se debe a trámites administrativos y han subrayado que entre 1997 y 2003 el PP "no hizo nada" por ejecutar la sentencia.