MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La exconsejera catalana Meritxell Borrs ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que próximamente le juzgará junto al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otras 10 personas por el 'procés' independentista, que le absuelva de los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, por los que la Fiscalía pide siete años de prisión. Entre otras razones, alega que el uso de fondos públicos de los que disponía la Generalitat de Cataluña estaba "fuera de su esfera de competencia".
La defensa de Borrs comienza su escrito de defensa, que ha sido presentado este martes ante el alto tribunal, afirmando que se muestra en "desacuerdo" con los hechos señalados en sendos escritos provisionales de calificación del Ministerio Público y de la acusación popular ejercida por VOX.
En este sentido, la abogada Judit Gené considera que a la exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda no se le puede imputar un delito de desobediencia en relación a las normas aprobadas al Parlamento de Cataluña en septiembre de 2017 para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, declarado inconstitucional.
"Mi representada no era diputada. No tuvo por tanto intervención alguna ni en la elaboración, deliberación, aprobación y votación de dicha Ley, ni formó parte la Mesa del Parlamento (cuya intervención, según la tesis acusatoria, resulta indispensable para la aprobación del Ley de Referéndum)", señala la defensa al respecto.
Asimismo, continúa diciendo que el Govern de Carles Puigdemont, huido de la Justicia, firmó el decreto para la convocatoria de la consulta ilegal "antes de que el Tribunal Constitucional acordara su suspensión y, por supuesto, mucho antes de que se declarara inconstitucional la Ley sobre la que traía causa".
NO HAY "BASE FÁCTICA" NI "JURÍDICA" PARA SUSTENTAR LA MALVERSACIÓN
En lo que se refiere al delito de malversación, el escrito de defensa considera que las acusaciones tampoco han podido ofrecer la "base fáctica" o "jurídica necesaria" para sustentar la participación de la exconsejera en la "intervención punible" de los fondos públicos. Así, la abogada asegura que Borrs las contrataciones o actuaciones llevadas a cabo para el referéndum "ninguno de ellos fue realizado a cargo de partidas que dependieran de su Consejería" porque "quedan fuera de su esfera de competencia" como responsable de Gobernación.
Por estos motivos, Gené pide la absolución de las exconsejera al considerar que "faltaría incluso la relación de autoría o participación con los pretendidos actos descritos por las acusaciones".
En dicho escrito también se hace mención a la prueba que interesa que se celebre durante la vista oral para intentar demostrar su inocencia. En este sentido, la defensa de Meritxell Borrs pide que se llame a declarar como testigos a tres de sus miembros de la Consejería: la exsecretaria general Meritxell Masó; la exdirectora de Servicios Josefina Valls; el que fuera abogado jefe del Departamento Xavier Urios. También a la directora general de Contratación de la Generalitat, Merc Corretja, para que "explicar el sistema de contratación de bienes y servicios desarrollada con carácter general en todas las Consejerías", dice el escrito.
PIDE DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN EL SUMARIO DEL 1-O
En cuanto a la prueba documental, la abogada solicita a la Sala que pida al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, que remita el "testimonio íntegro" de esta causa donde la exconsejera no ha sido objeto de investigación.
En la misma línea, vuelve a insistir en pruebas que ya solicitó al juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, para evitar que concluyese la instrucción al considerar que aún faltaban por practicar pruebas. Se trata de la aportación que la Intervención General hubiera podido hacer al juzgado de Barcelona y a la Guardia Civil.
