Bravo (CGPJ) estima que habrá casi diez millones de asuntos judiciales en 2010

ARANJUEZ 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha estimado este martes que en el año 2010 habrá unos 9.840.000 casos tramitándose en los órganos judiciales españoles ya que, ha subrayado, en los últimos diez años el número de asuntosse ha incrementado en un 48,3 por ciento en total.

Bravo, que se ha pronunciado así durante su intervención en el curso 'Ciberparlamento, Estado y democracia digital' que celebra la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez, ha recordado que España se sitúa a la cola de la Unión Europea (UE) en cuanto a número de jueces (10,1 por 100.000 habitantes) y, sin embargo, "a la cabeza" en cuando a número de funcionarios. Algo que, a su juicio, denota una "falta de racionalización y de criterio".

"Nuestro afán porque todo asunto sea conocido por un juez y porque todo se resuelva en el ámbito de la administración de justicia, en ocasiones, nos ha llevado a confundir Estado de derecho con Estado jurisdiccional", ha recalcado la portavoz del CGPJ, para indicar que "cualquier reforma tiene que buscar que la justicia actúe con rapidez, eficacia, con calidad, con métodos más modernos y con procedimientos más cortos pero no por ello menos garantistas, que puedan dar satisfacción en un tiempo prudente a la demanda de los ciudadanos".

Asimismo, Bravo se mostró convencida de que la implantación de la Oficina Judicial contribuirá a hacer que la justicia se más "eficaz y eficiente". Una Oficina en la que, ha explicado, habrá tres "unidades esenciales: una de servicios comunes procesales dirigida por los propios secretarios judiciales, otra integrada por los funcionarios de apoyo directo a los jueces y, en tercer lugar, una de soporte técnico administrativo".

No obstante, avisó de que la implantación de la Oficina debe ir acompañada de otras reformas como la creación de un nuevo mapa judicial porque, en su opinión, la ley que redistribuyó en 1988 los órganos jurisdiccionales en el territorio nacional "ya no responde a la realidad demográfica" ni tampoco a un "criterio de eficacia y racionalidad".

Por último, abogó por la creación de una nueva ley de enjuiciamiento criminal y la instauración de un nuevo proceso que "garantice con agilidad y con eficacia" los derechos y libertades de las personas.