MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó hoy que el Gobierno presentará "una propuesta" sobre el papel de la acción popular en los procedimientos judiciales, en el marco de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que está trabajando el Ejecutivo, tras analizar la "jurisprudencia diversa" que existe sobre esta parte del proceso.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Caamaño fue preguntado por la posibilidad de que el Gobierno plantee restricciones a la acción popular en las reformas procesales que está estudiando.
El ministro indicó que dentro de la reforma "muy ambiciosa" que se está preparando, también se estudiará la figura de la acción popular. Caamaño apuntó que existe "jurisprudencia diversa" que hay que "evaluar" y "ver lo que han dicho los tribunales sobre la misma todo este tiempo", antes de "ofrecer en su momento una propuesta" que, como el resto, será sometida al diálogo con el resto de los grupos parlamentarios.
La jurisprudencia diversa de la que habló el ministro se refiere a las conocidas como 'doctrina Botín' y 'doctrina Atutxa'. Según la primera, sentada por el Tribunal Supremo cuando decidió el archivo de la causa abierta contra el presidente del Banco Santander, se impide a apertura de un juicio a instancia exclusiva de la acción popular.
Sin embargo, posteriormente, el alto tribunal sí permitió abrir juicio oral en la causa abierta por desobediencia contra el ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, por no disolver Sozialista Abertzaleak, considerado sucesor de Batasuna, a pesar de que la Fiscalía tampoco acusaba. Según esta segunda doctrina, más moderna, la acción popular está legitimada cuando afecta a "intereses colectivos" o los directamente perjudicados no actúen como acusación particular.
"QUEDA TAREA POR HACER"
Caamaño reconoció no obstante que todavía "queda mucha tarea por hacer" antes de presentar el proyecto de ley, ya que será "una de las reformas más complejas de nuestro sistema jurídico". Como ejemplo, recordó que el 70% de los asuntos que llegan a los tribunales son de naturaleza penal.
Además, el ministro explicó que, en este marco, se adoptarán medidas que afecten a la fase de instrucción y resolver "algunos problemas pendientes" con la segunda instancia penal y la casación.
Caamaño aseguró que el Gobierno y, en particular, el Ministerio que dirige están trabajando "intensamente" para "sacar adelante" el Plan de Modernización de la Justicia y los compromisos legislativos vinculados al mismo.
Para todo ello, dijo, se busca obtener el "más amplio resplado parlamentario", que, en su opinión, requieren las leyes en materia de Justicia. En este sentido, recordó que ya se ha hablado con todos los grupos parlamentarios sobre la modificación del Código Penal, buscando "acuerdos en lo sustancial y sobre elementos claves que introduce la reforma", como la medida de seguridad de libertad vigilada y los nuevos delitos que se incorporan.
