MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha instado a la oposición a negociar la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, porque tienen miembros con el mandato ya caducado, y ha asegurado que es necesario hacerlo pese a la situación creada por la pandemia. "No hay excusas. Incumplimos la Constitución cuando no los renovamos".
Calvo, que comparece ante la Comisión Constitucional del Senado, ha admitido que la lucha contra el coronavirus centra el trabajo del Gobierno, pero ha asegurado que hay cuestiones que no se deben posponer pese a la situación. En concreto, la renovación de órganos constitucionales y no constitucionales.
El Gobierno y las Cortes Generales deben renovar en esta legislatura más de una decena de órganos cuyo mandato total o parcial ha caducado o caducará en los próximos meses. Entre ellos se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), el Defensor del Pueblo o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La vicepresidenta ha recordado que estas renovaciones requieren mayorías reforzadas en el Parlamento y deben afrontarse cuanto antes. "De no hacerlo pronto, estaremos incumpliendo nuestra propia Constitución. Les advierto que es una preocupación importante para le Gobierno, no hay excusa ni en esta circunstancia para no alcanzar acuerdos", ha dicho Carmen Calvo.
RENOVACIONES PENDIENTES
Para que algunas de estas renovaciones sean un éxito, los partidos socios de Gobierno que sólo suman 155 de los 350 escaños del Congreso necesitan principalmente del concurso del PP, ya que algunos de estos puestos requieren mayorías cualificadas.
Entre los órganos pendientes de renovar se encuentra el CGPJ o del TC, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados), por lo que los socialistas y la formación morada deben sumar 55 votos a los 155 que suman entre ambos para que estas renovaciones salgan adelante.
El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del 'popular' Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".
El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.
En pendientes está también la renovación de los cuatro de los 12 miembros que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado noviembre. En agosto, el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.
LA JEC DEBÍA HABERSE RENOVADO ANTES DEL 3 DE MARZO
Otras de las renovaciones que debe resolver el Congreso es la de los vocales de la Junta Electoral Central (JEC), que se renueva con cada legislatura, concretamente en los 90 días posteriores a la constitución de las Cortes que, en este caso, tuvo lugar el pasado 3 de diciembre.
De sus 15 integrantes ocho son magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo, cinco catedráticos propuestos por los grupos y nombrados por el Congreso, y otros dos miembros natos que no tienen voto. Tras recibir el aval de idoneidad de la Comisión de Nombramientos del Congreso es la Mesa de la Cámara la que informa al Gobierno para que proceda a designarlos formalmente como vocales mediante real decreto.
Otras de las renovaciones en cartera es la de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en este caso después del fallecimiento, en junio de 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi. En este caso es el Gobierno quien nombra a su presidente por un periodo de cinco años y el Congreso lo debe refrendar en un mes por mayoría absoluta, esto es, de 176 votos.
El Gobierno también debe renovar el Consejo de Administración de RTVE, reactivando el concurso público que comenzó en agosto de 2018 y que se 'congeló' en marzo del año pasado, con la convocatoria de elecciones de abril.
Los 20 aspirantes a dirigir RTVE deberán pasar por la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado, y entre ellos se elegirá a los 10 miembros del Consejo (seis en el Congreso y cuatro por el Senado). Todos necesitan un respaldo mínimo de dos tercios de la Cámara en primera vuelta (al menos 233 diputados) y, en su defecto, mayoría absoluta (176 diputados) en una segunda votación, con aval de cuatro grupos parlamentarios. El presidente del Consejo se elige en la Cámara Baja, de entre los 10 miembros directivos y con el mismo sistema de votación.
Otro de los organismos a renovar es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde hace casi tres años y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.
En el ámbito económico, los nombramientos más urgentes son los de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde su presidente, José María Marín Quemada, su vicepresidenta, María Fernández, y tres consejeros, dirigen el organismo con el mandato ya cumplido y sin posibilidad de reelección.
Otro mandato que caducó el pasado febrero fue el del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un puesto vacante desde que su titular José Luis Escrivá dejará ese cargo para ocuparse del Ministerio de Seguridad Social.
Y el próximo mes de julio concluirá el trabajo Jaime Ponce al frente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el fondo que pilotó el rescate en el sector financiero y responsable último de Bankia. En este caso, el candidato propuesto por la ministra de Economía, Nadia Calviño, deberá presentar sus credenciales ante el Congreso, pero no necesita aval parlamentario para que el Gobierno pueda formalizar su nombramiento.
Finalmente, a finales de noviembre caducarán los mandatos del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y de su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, aunque en este caso pueden ser renovados por otro mandato. Eso sí, PSOE y Unidas Podemos, hoy en el Gobierno, se opusieron entonces a su nombramiento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que los pactó con Ciudadanos.
