BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El inspector de Hacienda Manuel Abella, acusado de cobrar de empresas para no levantar actas fiscales o archivarlas, afirmó hoy que el dúplex que compró al grupo Núnez i Navarro, uno de los implicados en la trama y que él inspeccionaba, lo pagó con su sueldo, sus ahorros y una herencia.
No obstante, el acusado no dejó clara la procedencia del dinero usado para pagar el piso, valorado en 104 millones de pesetas, ya que dijo que una parte procedía de la caja fuerte de sus padres, que desconocía qué cantidad exacta contenía y si se trataba de dinero negro.
En la trama del llamado 'caso Hacienda', que investiga si empresarios sobornaron a inspectores de Hacienda para no ser multados, la Fiscalía pide 19 años de cárcel para Abella por omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos.
Abella declaró que nunca encontró irregularidades en las inspecciones fiscales realizadas al grupo Núñez y Navarro, de las que era responsable desde 1992, y constató que las operaciones entre sociedades de la constructora eran reales y cumplían con la normativa.
En respuesta al fiscal, Abella aseguró que Josep Lluís Núñez Clemente y el director financiero de la constructora, Salvador Sánchez Guiu --que era su "principal interlocutor" para las inspecciones y también está acusado--, desconocían que él vivía en un piso propiedad de la empresa, al que entró de alquiler para luego adquirirlo, aunque no firmó ningún documento que certificara su derecho a compra.
Sin embargo, según el fiscal, en el informe de la entidad bancaria que le concedió la hipoteca, Abella aparecía como "amigo personal" de Josep Lluís Núñez, aunque no quedó del todo claro si se refería al padre o al hijo.
El dúplex era propiedad de la constructora y lo pagó con una hipoteca por la que pagaba unas 600.000 pesetas al mes, cuando su sueldo era de unas 650.000 pesetas más algunos beneficios de valores y acciones.
Según él, decidió adquirir el piso porque necesitaba más espacio y fue su ex mujer quien le mostró dos pisos de Núñez y Navarro, tras lo que él fue a la empresa para comprarlos, aunque habló con un comercial y no con ningún directivo.
Después de que la constructora arreglara el inmueble, obras que costaron 27 millones de pesetas y que estaban incluidas en el precio, entró como inquilino hasta que obtuvo la hipoteca, porque sin ella "no tenía capacidad para comprarlo", y puso un piso que tenía como parte del pago.
El fiscal le preguntó cómo pagaba la hipoteca, ya que para ello ingresaba dinero en efectivo en una cuenta, y para saber de dónde salieron los 98 millones de pesetas que acumuló en sus cuentas bancarias.
La hipoteca la pidió por valor de 80 millones de pesetas, aunque sólo usó 67 millones. Según explicó Abella, con este crédito se quedó "más tranquilo" porque con una hipoteca todo era "absolutamente transparente". En este sentido, admitió que pagaba en efectivo dicha hipoteca para blanquear el dinero de la caja fuerte.
Durante meses no dijo a sus compañeros que vivía en un piso de Núñez porque le daba "apuro" que pensaran que había alguna irregularidad porque él le hacía las inspecciones, aunque finalmente optó por decirlo.
Respecto a las presuntas irregularidades cometidas por el grupo Núñez y Navarro, dijo que siempre reclamó y comprobó los documentos necesarios y que no encontró ningún defecto, aunque replicó que si hubo algún "gazapo" en las actas de inspección, entonaba el 'mea culpa'. "Si hubiera habido cualquier incidencia lo hubiera escrito en la diligencia y el acta", aseveró.
Admitió que hubo transmisiones de bienes inmuebles "cruzadas" entre las diferentes empresas del grupo, aunque declaró que comprobó que eran reales y que cumplían con las normas establecidas y que no vio "ningún factor de riesgo".
