MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este miércoles que le preocupa mucho que un alcalde o un concejal tomen medidas para oponerse al cumplimiento de una sentencia judicial que ordena un desahucio porque, en un Estado de Derecho, le parece "muy difícil que un demócrata entienda que no hay que ejecutar una sentencia".
Catalá ha concedido que los desahucios son un problema social pero ha destacado que siempre hay una colisión de derechos y que cuando se decide en un proceso judicial con garantías es lógico que tratar de impedir por la fuerza el cumplimiento de una sentencia merece una sanción administrativa.
El ministro se ha expresado así, en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, al hilo de la Ley de Seguridad Ciudadana. El ministro ha destacado que la ley no penaliza evitar desahucios, y que el propio Gobierno ha trabajado mucho para evitarlos, pero luego ha hecho esa puntualización sobre el cumplimiento de sentencias.
Catalá se ha preguntado si quienes critican la ley y la tachan de "mordaza" se la han leído, y ha defendido también el Código Penal, que entra en vigor igualmente este miércoles e incluye la medida de la prisión permanente revisable.
El ministro ha defendido que esta medida tiene el aval de los órganos colegiados y del propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, para que no se produzca "la vuelta a la sociedad de una persona sin una verdadera rehabilitación".
Catalá ha recalcado que en democracia hay que defender los derechos de todos. "A veces me sorprende la intensidad con la que algunos pretenden encontrar la falla del sistema en la que algunos delincuentes han podido ver mermada alguna libertad, yo prefiero ponerme del lado de las víctimas", ha dicho.
Así, ha dicho que está "deseando leer los recursos" que ha presentado la oposición ante el Tribunal Constitucional, porque confía en que la ley es democrática y espera que el tribunal de garantías "acredite cuanto antes que esto es así".
