MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha salido este lunes en defensa del extitular de Industria José Manuel Soria tras la propuesta del Ejecutivo para ocupar el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial asegurando que "la exigencia de ejemplaridad" que se les pide a los responsables políticos "no puede llevar consigo la renuncia a derechos civiles".
En rueda de prensa en uno de las sedes del Ministerio de Justicia, Catalá ha recordado que Soria ya dimitió de sus cargos políticos como ministro, como diputado y como presidente del PP canario tras el escándalo de los 'papeles de Panamá' y que, como funcionario de carrera que es --en concreto del cuerpo de técnicos comerciales-- tiene derecho a ocupar un puesto de trabajo y a cobrar por él el salario que corresponda.
ENTRA DENTRO DE LA NORMALIDAD
De hecho, ha destacado que Soria ha sido propuesto para ese cargo en el Banco Mundial después de que una comisión del Ministerio de Economía que, según ha remarcado, "valora las candidaturas bajo un sistema efectivo", haya resuelto que es la persona "que más méritos acredita". "Entra dentro del normal funcionamiento de la Administración Pública", ha apostillado.
Preguntado sobre qué opina de que se cuestione esa designación, el titular de Justicia ha asumido que es "muy difícil" hacer "pedagogía política" para dejar claro, a renglón seguido, que el exministro no dimitió por un caso de corrupción política ni se encuentra imputado en una causa judicial, sino que tuvo "una censura pública por el manejo de una información y por una situación patrimonial familiar".
TIENE QUE SEGUIR TRABAJANDO
"Pero es un ciudadano que pertenece a un cuerpo de funcionarios que tiene que seguir trabajando y hacer una vida normal. Ha pedido una plaza para la que tiene requisitos y una comisión de Economía ha apreciado que es la persona que más méritos tenía para ese puesto", ha insistido.
Catalá ha defendido que "la exigencia de ejemplaridad a las personas que ocupan responsabilidades públicas no puede llevar consigo la limitación de derechos civiles" para rematar que intentar que quien ha incurrido en una irresponsabilidad pública pueda ver limitada su vida profesional y personal es "ir más allá de lo razonable".
