El CGPJ estudiará si las críticas de otros magistrados al instructor del "caso Millet" merecen sanción disciplinaria

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará si las críticas de los jueces de Barcelona Santiago Vidal y María Sanahuja a la decisión del instructor del "caso Millet", Juli Solaz, de dejar en libertad sin fianza al ex presidente del Palau tras tomarle declaración merecen sanción disciplinaria.

Así lo acordó hoy la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que ha remitido a los servicios de Inspección del Consejo el acta de la Junta de Jueces de Instrucción celebrada en Barcelona el pasado día 21 en la que se trató esta cuestión.

En dicha reunión, 20 de los 33 jueces instructores en Barcelona decidieron elevar al CGPJ sendas quejas por la actuación y manifestaciones de Vidal y Sanahuja, ambos magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona, en relación a la actuación profesional del titular del Juzgado de Instrucción 30 de la misma ciudad, Juli Solaz, por su actuación en el "caso Millet".

Según se explicó desde el Consejo, la remisión de estas quejas al servicio de Inspección "supone una aplicación obligada de lo que establece el artículo 423.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. que especifica que toda denuncia sobre el funcionamiento de la administración de Justicia en general y de la actuación de los jueces y magistrados en particular será objeto, en el plazo de un mes, de informe del Jefe del Servicio de Inspección del CGPJ, en el que podrá proponer el archivo de plano, la apertura de diligencias informativas o la incoación directa de expediente disciplinario".

DERECHO A LA CRÍTICA.

Ese mismo día, Sanahuja defendió su derecho a criticar la instrucción que está haciendo el juez Juli Solaz.

La ex decana de Barcelona dijo que tiene derecho a "opinar en relación a hechos de actualidad", y recordó que los jueces son los "garantes del cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales". Para ella, una sanción disciplinaria sería "preocupante" y "un mal mensaje para la ciudadanía", porque el de opinión es uno de los "derechos más fundamentales".