El CGPJ propone medidas que restrinjan el acceso a los tribunales para disminuir la litigiosidad

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto al Gobierno modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y las normas procesales de manera que se limite el acceso a los tribunales, con el objetivo de agilizar los procedimientos judiciales y reducir el número de asuntos que se discuten en juzgados y tribunales.

La Comisión de Estudios e Informes del máximo órgano de gobierno de los jueces ha elaborado un documento, que será estudiado en Pleno el próximo jueves, en el que recomienda "racionalizar" la segunda instancia, reduciendo el número de asuntos que pueden ser objeto de recurso por razón de la cuantía.

En concreto, en el ámbito de la jurisdicción civil, el CGPJ propone que no quepa recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los procedimientos de juicio verbal previstos en el artículo 250.2. Ley de Enjuiciamiento Civil cuando la cuantía no exceda de 3.000 euros, ni cuando las sentencias carezcan de efecto de cosa juzgada. En la actualidad, la ley establece que "todas" las sentencias dictadas en toda clase de juicio son apelables en un plazo de cinco días.

El informe considera que "limitando la apelación en los supuestos de menor contenido económico" se permite "la mejor atención de los recursos en los restantes supuestos".

Además, por lo que se refiere a los recursos de casación, propone que se pueda acudir al Tribunal Supremo cuando la cuantía del asunto exceda los 300.000 euros, y no los 150.000 euros establecidos actualmente.

En lo social, recomienda que se eleve la cuantía para el acceso al recurso desde los 1.803,04 a los 3.000 euros, ya que considera que la cifra actual, que no ha sido modificada por el Gobierno en la última reforma que aún no ha entrado en vigor, está "muy desfasada". De esta manera, se reducirían recursos de suplicación y consiguientemente recursos de casación para unificación de doctrina.

PROPUESTA "POLÉMICA" PERO "DE ENORME CALADO CUANTITATIVO"

Además, añade como supuestos excluidos del acceso al recurso de suplicación los procesos de impugnación de altas médicas en los que se discuta únicamente la situación clínica de incapacidad temporal y las sentencias íntegramente desestimatorias sobre el grado de incapacidad permanente aplicable. En opinión del CGPJ, aunque esta propuesta es "sin duda polémica, y arriesgada" también es "indiscutiblemente de enorme calado cuantitativo".

También propone elevar las cuantías en los honorarios de los letrados de las partes recurridas, de manera que la parte vencida en un recurso deberá pagar las costas incluyendo los honorarios del abogado y graduado social de la parte contraria sin que dichos honorarios puedan superar los 1.200 euros en recursos de suplicación y los 1.800 euros en recursos de casación. La ley actual cifra estas cantidades en 600 y 900 euros respectivamente. El objetivo nuevamente es de "carácter disuasorio en orden a la interposición de recursos".

Del mismo modo, sugiere aumentar la cuantía de los depósitos para recurrir en suplicación, casación y revisión. La ley actual contempla que para interponer un recurso de suplicación hay que consignar como depósito 150 euros y en el caso del recurso de casación, 300 euros. El CGPJ propone que estas cantidades se incrementen hasta los 300 euros en suplicación y 600 euros en casación.

La propuesta de la comisión del CGPJ en el campo de la jurisdicción penal se refiere a la comparecencia para la ejecución. En concreto, propone que en toda ejecución de sentencia condenatoria dictada en el proceso penal exista una comparecencia en la que concentradamente se examinen y decidan todas las cuestiones relativas a la ejecución de los pronunciamientos penales y civiles de la setencia firme, evitando dilaciones indebidas.

MÁS PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS

Para la jurisdicción contencioso-administrativa establece que se debe extender el procedimiento abreviado a un mayor número de asuntos, porque así "se evita la dilación temporal provocada por la práctica de los trámites procesales de forma escrita" y se consigue una "mayor brevedad y claridad en la exposición de los argumentos por los defensores de las partes, junto con las ventajas que implica la inmediación del juzgador respecto de la forma escrita".

El informe del CGPJ también establece una serie de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo compartido de reducir la litigiosidad y agilizar los procedimientos judiciales.

En concreto, recomienda reformar el artículo 230, relativo a la utilización de medios informáticos en las actuaciones procesales, para así garantizar una mayor operatividad de las aplicaciones, así como su conectividad y compatibilidad; hacer frente a los retos que plantea la nueva Oficina Judicial y garantizar la integridad, la confidencialidad de los datos, la autenticidad de los mismos y la seguridad de la transmisión en el marco de la protección de datos.

Así, propone modificar el texto que en la actualidad dice que los juzgados y tribunales "podrán utilizar cualesquiera medios técnico, electrónicos, informáticos y telemáticos" para el desarrollo de su actividad, de manera que su uso sea "obligatorio".

El informe también sugiere que los jueces en prácticas puedan ser adscritos a un órgano judicial no sólo como jueces sustitutos o de apoyo, sino también como magistrados suplentes, y que se modifique la composición de los tribunales evaluadores de las pruebas de ingreso en las carreras judicial y fiscal, por las categorías de juez y abogado fiscal, para permitir el acceso a los profesores titulares y secretarios judiciales de segunda categoría, cuando no fuera posible designar catedráticos y secretarios judiciales de la primera categoría.

El CGPJ justifica su conveniencia porque en las últimas convocatorias de pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal por las categorías mencionadas "se viene observando una dificultad crónica a la hora de encontrar catedráticos dispuestos a formar parte de los tribunales calificadores". Esta "dificultad" existe también con los secretarios judiciales.

Del mismo modo, sugiere modificar los criterios de baremación de méritos en las pruebas de ingreso en la carrera judicial de juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, de manera que se suprima el límite de 300 horas para poder computar los cursos de especialización jurídica o la inclusión de la posibilidad de valorar como mérito el aprobado de alguno de los ejercicios que integran las pruebas de acceso por el cuarto turno a la carrera judicial.