Interior no ve "procedente" entregar al PP un informe de la Guardia Civil sobre el 'caso Faisán'

Ignacio Gil Lázaro, diputado del PP
CONGRESO
Actualizado: viernes, 12 noviembre 2010 14:56

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha decidido no facilitar al PP un informe realizado por al Guardia Civil sobre el supuesto chivatazo a la red de extorsión de ETA en 2006, conocido como 'caso Faisán', alegando que no considera "procedente" hacer llegar al primer partido de la oposición una documentación que fue encargada por un juez y que debe remitirse "exclusivamente" a la autoridad que ordenó su elaboración.

Este es el argumento que ha utilizado el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba en su respuesta al diputado 'popular' y secretario tercero de la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, quien el pasado mes de septiembre solicitó que se le remitiera un informe que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska había encargado a la Guardia Civil sobre el 'caso Faisán'.

En concreto, Gil Lázaro había pedido que se le enviase "el informe elaborado en su momento por la Guardia Civil a requerimiento del juez" relativo "al presunto chivatazo policial dado al dueño del bar Faisán el 4 de mayo de 2006 mediante el cual se frustró la operación prevista para ejecutar ese día en España y Francia contra la red de extorsión de la banda terrorista ETA".

COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio del Interior asegura que, "en atención a los principios de independencia judicial y de colaboración con la Administración de Justicia", no ve pertinente hacer llegar al diputado la información que había reclamado.

"No se considera procedente la remisión de informes que en su caso hayan podido ser elaborados por orden judicial, porque en el ejercicio de funciones de policía judicial, los miembros de la Guardia Civil dependen exclusivamente de los jueces o tribunales o del Ministerio Fiscal", aduce el Gobierno.

En este contexto, Interior deja claro que en este caso las "actuaciones" del instituto armado "se integran en una investigación judicial", y por tanto, "se remiten exclusivamente" al juez o tribunal o Ministerio Fiscal que las "hubiere ordenado".