MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia ha aprobado este viernes la orden de constitución de la comisión de expertos que elaborará el nuevo anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que estará formada por cinco fiscales, tres magistrados y dos profesores de Derecho Procesal.
El magistrado Juan José López Ortega será quien presida la comisión de expertos, como ya hizo en los trabajos que llevaron a la propuesta de reforma de la LECrim en el año 2011, con el anterior Gobierno socialista.
López Ortega forma parte actualmente de la Audiencia Provincial de Madrid y también es miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, según ha informado el Ministerio de Justicia.
Los magistrados Pilar Rasillo, de la Audiencia Provincial de Madrid y especialista en el orden jurisdiccional penal, y José Luis Ramírez Ortiz, de la Audiencia Provincial de Barcelona, han sido igualmente designados para redactar el nuevo anteproyecto de ley.
También integran la comisión de expertos los fiscales Ignacio Rodríguez --Tribunal Constitucional--, Pedro Crespo --Tribunal Supremo-- y Lorena Álvarez Taboada --Tribunal Superior de Justicia de Madrid--; los tres también formaron parte del grupo de trabajo encargado de la LECrim de 2011.
Concepción López-Yuste, fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado y directora general para el Servicio Público de Justicia, y Sofía Puente, fiscal delegada de violencia de género y directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, también se incorporan a este grupo de trabajo.
Por último, formarán parte José Antonio Colmenero, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide y exjefe de Gabinete del Ministro de Justicia y Amaya Arnáiz, que es profesora de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid, que ejercerá como secretaria de la comisión.
Este grupo de expertos estará apoyado por una subcomisión técnica adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia de cara a elaborar una nueva LECrim por la, según el ministerio que dirige Juan Carlos Campo, "necesidad de agilizar el proceso penal y dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas", para lo cual se propone, entre otras cosas, que los fiscales instruyan las causas penales.
