Pide prudencia y explica que la promesa de lealtad al ordenamiento jurídico es un compromiso que va más allá de la declaración formal
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Ética Judicial ha avisado este miércoles de que el derecho a la libertad de expresión de los jueces no ampara "en ningún caso" las manifestaciones que realicen en redes sociales y medios de comunicación que "atenten de forma grave" contra el Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia.
En un comunicado, este organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial ha explicado que se trata de conductas que "vulneran el compromiso moral y de lealtad" que los jueces asumen cuando prestan el juramento o promesa exigido por la ley para tomar posesión del cargo. Y ha subrayado que dicha promesa "va más allá de la mera declaración formal".
Según ha insistido, no es "un simple rito o un requisito burocrático", sino un "compromiso público y solemne que se asume voluntariamente". En el ejercicio de la función jurisdiccional, han reiterado, "es obligación ineludible ajustarse a la legalidad constitucional e infra constitucional incondicionalmente, en virtud no sólo de esa promesa o juramento, sino también de obligaciones legales, normativas o éticas".
Así se ha pronunciado la Comisión en respuesta a una consulta sobre el encaje que tiene en los principios de ética judicial las manifestaciones hechas por jueces en redes sociales en los que se invita a incumplir las normas jurídicas o se muestra apoyo público a políticos de una determinada ideología que han sido condenados por su "participación en hechos que atentaron gravemente contra la soberanía nacional y la forma política del Estado".
En la consulta se preguntaba de qué manera dichas conductas afectaban o no a la obligación ética de los jueces de mantener la apariencia de imparcialidad. Se preguntaba, además, si afectaban a la responsabilidad institucional que los jueces asumen cuando --antes de tomar posesión del cargo-- juran o prometen cumplir fielmente la Constitución y el ordenamiento jurídico.
En el marco del comunicado, la Comisión ha recordado que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por jueces y magistrados ya ha sido abordado por el organismo independiente en ocasiones anteriores y ha recordado que "afecta a los principios éticos de independencia, de imparcialidad y de integridad".
EVITAR LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Así las cosas, ha subrayado que los jueces y magistrados, como cualquier otra persona, pueden "expresar libremente" sus pensamientos, ideas u opiniones y pueden intervenir en medios de comunicación y redes sociales. Ha insistido, sin embargo, que "deben guiarse por la prudencia y moderación necesarias para no comprometer la apariencia de imparcialidad y no causar una pérdida de confianza de los ciudadanos en la Justicia y mantener el respeto a la neutralidad política".
En este sentido, la Comisión ha indicado que la vulneración de dichos principios puede colocar al juez en una "posición ideológica" que induzca a creer "que la justicia está politizada", lo que contribuiría a generar "una falta de confianza de los ciudadanos en la justicia, en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales que los integran, con el consiguiente desprestigio institucional".
De acuerdo con esas premisas, ha remarcado que las conductas concretas a las que se refiere la consulta suponen un riesgo aún mayor, por lo que "de ningún modo pueden quedar amparadas por la libertad de expresión en quienes ostentan la condición de integrantes de un poder del Estado" y, como tales, están "sujetos con mayor rigor a los deberes del cargo que juraron o prometieron en su día, cuando accedieron a la Carrera Judicial".
Por ello, la Comisión ha reiterado que el principio 21 impone a los jueces un deber de denuncia cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, por lo que en ningún caso puede admitirse la publicación en redes sociales o medios de comunicación de expresiones o manifestaciones de los jueces "que puedan constituir un riesgo contra el Estado de derecho, el orden constitucional y la propia democracia".
Además, ha recordado que --según los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial-- "una judicatura competente, independiente e imparcial es igualmente esencial si los tribunales han de desempeñar su papel de defensores del constitucionalismo y del principio de legalidad".
