La Comisión de Justicia del Congreso aprueba por unanimidad las primeras medidas para reformar la Oficina Judicial

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó hoy con la unanimidad de todos sus grupos parlamentarios las primeras medidas del Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, que el Gobierno pretende poner en marcha el 1 de enero de 2010.

Los grupos, que dieron el visto bueno al dictamen elaborado por la ponencia que ha trabajado en esta ley, aprobaron para su remisión al Senado únicamente las medidas de naturaleza jurídica ordinaria contenidas en el proyecto, ya que las que implican la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tendrán que aprobarse por mayoría absoluta de la Cámara en el Pleno que se celebrará el próximo día 25.

El texto aprobado hoy, encaminado a la modernización de la Administración de Justicia, según destacaron todos los portavoces parlamentarios, incluye enmiendas pactadas por unanimidad como la que establece la prohibición del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador y la que permite que los graduados sociales puedan firmar y presentar recursos de súplica ante el Tribunal Supremo.

Los grupos también aprobaron por unanimidad una enmienda transaccional que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las preguntas que se realicen a los testigos durante un procedimiento judicial estén exentas de valoraciones subjetivas.

La reforma supone la modificación de las leyes de Enjuiciamiento Criminal, de Procedimiento Laboral, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de Enjuiciamiento Civil. También se reforman aspectos de otras normas, entre las que se encuentran las leyes Concursal, de Arbitraje e Hipotecaria, así como la relativa a las Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

JURISDICCIÓN UNIVERSAL

Entre las medidas que se votarán en la próxima sesión plenaria se encuentran la limitación de la jurisdicción universal, que apoyan PSOE, PP, CiU y PNV con el objetivo de que la Justicia española sólo pueda perseguir casos de genocidio y lesa humanidad "cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con nuestro país o los presuntos responsables se encuentren en territorio español".

También habrá que esperar a la próxima semana para que el Congreso dé el visto bueno a algunas de las principales reivindicaciones realizadas por los jueces, entre las que figuran la potestad para fijar los señalamientos de los juicios en detrimento de los secretarios judiciales, la supresión de los traslados forzosos por ascenso o la creación de la figura del juez de adscripción territorial.

PSOE y PP también han consensuado una enmienda que implantará un depósito económico obligatorio para la presentación de recursos en la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativa. CiU, PNV, ERC y BNG ya han adelantado que no lo apoyarán al considerar que esta medida debería repercutir en las comunidades autónomas.

CLIMA DE CONSENSO

Durante el debate que tuvo lugar hoy, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, destacó "el diálogo, la dedicación y el interés en las deliberaciones y negociaciones" desarrollado por todos los grupos parlamentarios durante la tramitación del proyecto, que, según recordó, ha contado con las aportaciones de asociaciones de jueces, colegios profesionales y otros operadores jurídicos.

El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, señaló que la nueva ley es "el punto de partida y no el de llegada para modernizar la justicia". Además, dijo que, aunque a él le "gustaba la jurisdicción universal ilimitada", ésta "no tiene demasiada justificación" cuando afecta a "países democráticos homologables". "¿Nos gustaría que un tribunal francés, danés o italiano entrara a enjuiciar hechos que ocurren en Bilbao o en Sevilla?", se preguntó.

La diputada del PP Dolors Montserrat lamentó, por su parte, "los seis años de retrasos indebidos" con que se pondrá en marcha la Oficina Judicial, y confió en que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cumpla su compromiso de invertir 600 millones de euros en la puesta en marcha de la Oficina Judicial. Además, se puso como objetivo que en el futuro, "gobierne quien gobierne", el 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado se dedique a la Administración de Justicia.

El portavoz de CiU, Joan Jané, anunció la retirada de una enmienda sobre el desarrollo de las competencias autonómicas en materia de Justicia al dar a conocer "un compromiso del PSOE" para que el Gobierno presente en el segundo semestre de este año un proyecto de ley que ajustará el Poder Judicial a los nuevos estatutos de autonomía. "Llevamos demasiados incumplimientos", advirtió Jané antes de señalar que el traslado de competencias a las comunidades continúa siendo "una asignatura pendiente" del Ejecutivo.

El parlamentario del PNV Emilio Olabarría calificó la ley de "extraña miscelánea" y criticó la falta de claridad del reparto de competencias entre jueces y secretarios judiciales. "Me lo he leído 300 veces y sigo sin entenderlo", dijo. También cuestionó que la limitación de la jurisdicción universal haya sido incluida en esta norma, "que habla de todo menos de la Oficina Judicial".

Las enmiendas de ERC-IU-ICV, que fueron detalladas por el diputado Joan Tardá, defendían que, de acuerdo con el nuevo Estatut de Cataluña, las comunidades puedan participar en el nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este grupo también propuso la supresión de la Audiencia Nacional, que Tardá calificó de "tribunal de excepción" y "heredera del Tribunal de Orden Público (TOP) y de sus vicios".

El Grupo Mixto no participó en el debate después de que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, excusara su presencia en la comisión y solicitara al presidente que diera por reproducidas sus enmiendas.