La sentencia incluye su inhabilitación para el ejercicio profesional durante idéntico periodo de tiempo
VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid condenó a una pena de ocho años de cárcel como autor de delitos de estafa y apropiación indebida cometidos sobre una clienta, quien se encontraba incapacitada parcialmente en el orden patrimonial y a la que, aprovechándose de tal circunstancia, ocasionó un perjuicio económico superior a los 243.000 euros.
El fallo condenatorio de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana incluye la inhabilitación del condenado para el ejercicio de la Abogacía por idéntico periodo de tiempo, además de decretarse la nulidad de la venta de la casa de la víctima efectuada por el letrado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La condena es tres años inferior a la que habían solicitado el Ministerio Fiscal y otras dos acusaciones particulares personadas en la causa, una de ellas en representación del Colegio de Abogados de Valladolid, y diametralmente opuesta a la absolución interesada por la defensa, que había esgrimido para ello la eximente incompleta de alcoholismo y drogadicción y la atenuante analógica de dilaciones indebidas en el proceso.
El acusador particular que representó al Colegio de Abogados vallisoletano (Icava), José María Tejerina, en declaraciones a Europa Press, expresó su satisfacción por que "se condena a un profesional de la Abogacía que debió respetar y no lo hizo los deberes deontológicos de su profesión".
Durante el juicio, el condenado se reconoció culpable, alegó que lo hizo debido a los graves problemas económicos por los que atravesaba, en parte a causa de su adicción al alcohol y la cocaína, pero precisó que tan sólo dispuso de unos 126.000 euros netos del patrimonio de la víctima. "¡No era un alcohólico crónico, pero había veces que me pasaba una semana entera bebiendo y consumiendo cocaína. El alcohol y la droga han sido mi ruina!", lamentó el imputado, de 42 años, la mitad de ellos, según indicó, enganchado a este tipo de estimulantes.
El abogado recordó haber tomado contacto con su clienta, María Asunción de la F.V, en el año 2001, fecha en la que ya conoció que había sido declarada incapaz parcialmente en el orden patrimonial para toda aquella actividad que excediera de la administración del dinero que pudiera llevar en el bolsillo, y eso, según advirtió el letrado, a pesar de que no le parecía que su estado precisara de tal medida, "pues era un tanto alocada, pero como muchas otras personas. Sé que había perdido a sus padres y que a raíz de eso cayó en una depresión y empezó a despilfarrar su patrimonio".
No pudo por menos que reconocer que el 8 de octubre de 2003 acompañó a la clienta al notario, a quien ocultó la incapacitación de María Asunción, y logró un poder general que utilizó, entre otras cosas, para gravar con tres hipotecas una vivienda que la víctima poseía en la calle Magallanes y que posteriormente, el 21 de febrero de 2006, vendió a un tercero por importe de 162.650 euros, cantidad de la que la propietaria no percibió dinero alguno.
UNA SALIDA A SUS PROBLEMAS.
El acusado explicó que el dinero sirvió en parte para levantar las cargas hipotecarias que había sobre el piso y confesó que al final él se quedó con un total de 126.000 euros netos, de ellos 12.000 directamente por la venta del inmueble. "Andaba mal económicamente y vi que a través de esta clienta y estas operaciones podría obtener recursos para el despacho", declaró el abogado, quien mantuvo que la venta del piso se hizo con pleno convencimiento de la víctima, ya que por aquel entonces ella no lo utilizaba puesto que se encontraba alojada en una residencia.
Juan Carlos A.L, como así reconoció también, cobró a la perjudicada más de 9.000 euros de honorarios por un procedimiento en 2004 dirigido a conseguir la reintegración de la capacidad de la víctima, que finalmente fue desestimado en 2005, pero negó haber solicitado a nombre de María Asunción un préstamo personal, a un tipo de interés elevadísimo cuyo impago generó un saldo deudor de 15.159 euros, y mucho menos haber dispuesto de casi 26.000 euros de las cuentas que ella tenía en Caja Duero y el Banco Urquijo.
En su descargo, el acusado llegó a indicar que a ojos de su clienta "era como un dios, con plenos poderes para disponer de sus bienes para lo que necesitara", a la vez que, en su intento de buscar la exculpación de la sala, apuntó que en ningún momento trató de perjudicar a la víctima. "Pensé siempre en su beneficio, pero a veces los negocios salen mal. Siempre he dicho que mi intención era devolver el dinero", concluyó.
"¡MUY ESPLÉNDIDA, DEMASIADO!"
Por su parte, María Asunción de la F.V, durante su declaración como testigo, dio muestras de que su incapacitación a efectos patrimoniales está más que justificada, ya que en algunos momentos sus respuestas, ajenas a lo que se le preguntaba, tuvieron que ser reconducidas por el magistrado presidente.
La estafada llegó incluso a dirigirse al acusado para recordarle en su momento una conversación muy esclarecedora. "¡Me dijo, doña Asunción, no me denuncie que voy a la cárcel!", indicó la anciana, quien negó haber autorizado la venta del piso, aunque sí reconoció que en su momento pudo haberle facultado a disponer de sus bienes.
"Murió mamá y me trastorné un poco", se defendió la mujer, que achacó lo ocurrido a su especial generosidad. "He sido muy espléndida, demasiado", en referencia no sólo a este episodio sino también a que estuvo pagando mensualmente 300.000 de las antiguas pesetas a una asistenta por ir a su casa tres horas a la semana, el Renault Laguna por valor de 30.000 euros que compró a esta misma trabajadora, los 6.000 euros que regaló a la hija de una amiga o los 12.000 euros que dio a un médico del que se enamoró.
