MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Congreso comenzará el próximo jueves, 1 de febrero, la tramitación de una de las reformas de la Ley del Poder Judicial impulsadas por el Gobierno, la relativa al recurso de casación y la doble instancia penal, pero sin embargo mantiene bloqueada, por ahora y pese a que había un acuerdo para tramitarlas conjuntamente, la que afecta a la Justicia de proximidad y da vía libre a la creación de los Consejos de Justicia autonómicos. Ambos proyectos entraron en la Cámara hace un año.
Según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de sesiones, la Comisión de Justicia de la Congreso ha convocado la ponencia encargada de informar del proyecto que tiene como objetivo adaptar la legislación procesal a la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificar el recurso de casación y generalizar la doble instancia penal.
REFORMA CASI UNA VEINTENA DE LEYES
Con esta reforma se busca facilitar la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, mediante la regulación de la distribución de competencias entre los jueces y los secretarios judiciales, y desarrollar el modelo previsto en la Ley del Poder Judicial aprobada en 2003, fruto del Pacto de Estado de la Justicia suscrito por PSOE y PP en la anterior legislatura.
El proyecto, que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otra quincena de leyes como la del Tribunal del Jurado, pretende también potenciar las garantías del justiciable y fomentar las buenas prácticas procesales. Prevé, por ejemplo, la grabación obligatoria en vídeo de los juicios.
Asimismo, contempla la generalización de la segunda instancia penal extendiendo el recurso de apelación a todo tipo de delitos, incluyendo las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales y las de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
De esta forma, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo se podrá interponer únicamente contra las infracciones que se pudieran haber producido en la aplicación del ordenamiento jurídico estatal, y está orientado a la unificación de doctrina ante discrepancias que puedan surgir entre resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia.
El Gobierno aprobó este texto el 16 de diciembre de 2005, el Pleno del Congreso aceptó tramitarlo cuatro meses después y, aunque los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas en mayo de 2006, el proyecto ha estado 'congelado' desde entonces. Este 'letargo' finalizará el jueves, cuando se reúna ponencia que discutirá esas enmiendas.
ACUERDO PARA TRAMITARLAS EN PARALELO.
Por el contrario, el que continuará su hibernación, al menos de momento, será el proyecto que reforma la Ley del Poder Judicial en materia de Justicia de proximidad y de Consejos de Justicia y que el Gobierno remitió al Congreso también en diciembre de 2005.
Precisamente hace un mes el grupo parlamentario de CiU presentó un escrito reclamando que se cumpliera el acuerdo de tramitar en paralelo las dos reformas y que, habida cuenta de que la ponencia para la del recurso de casación se había fijado para febrero, se cerrase ya el plazo para la presentación de enmiendas de la que crea los Consejos de Justicia.
Los nacionalistas argumentaban que "la identidad formal" de ambos proyectos hacía "aconsejable" poder disponer de todas las enmiendas a los dos textos en el momento que se reúna la primera ponencia y por eso exigían que no se concediera la trigésimo cuarta prórroga.
Sin embargo, esta petición fue desoída por el presidente del Congreso, Manuel Marín, que asume la competencia de la ampliación de los plazos cuando no hay prevista reunión de la Mesa de la Cámara, como ocurrió a finales de diciembre.
