El Congreso examina a la guardiana de las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos

El león del Congreso
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Publicado 24/09/2018 12:46:56CET

Tras casi cuatro meses en Moncloa el Gobierno no ha publicado su patrimonio y aún sigue pendiente el de los ministros de Rajoy

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Política Territorial y Función Publica del Congreso examinará este martes a Flor López Laguna, candidata del Gobierno para dirigir la Oficina de Conflictos de Intereses, el órgano que supervisa el régimen de incompatibilidades de los miembros del Ejecutivo y demás altos cargos de la Administración.

López Laguna ya ejerce de máxima responsable de esta oficina desde 2007, cuando, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue nombrada subdirectora general de la misma. En 2015, con la entrada en vigor de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, a este órgano se le dio rango de dirección general, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy nunca nombró a nadie para ocupar ese puesto.

POR PRIMERA VEZ

Ahora, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Meritxell Batet, ha propuesto a López Laguna para convertirse en la primera directora general de la Oficina, pero antes de nombrarla debe superar el examen de idoneidad de la comisión del ramo del Congreso.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, será el martes cuando la comisión que preside el exministro Juan Ignacio Zoido reciba a López Laguna para que exponga su currículum y pueda responder a las preguntas que le planteen los grupos parlamentarios.

Una vez cumpla se con este trámite y López Laguna reciba el aval de la Cámara, el Consejo de Ministros podrá proceder a su nombramiento, lo que previsiblemente sucederá el viernes, 28 de septiembre.

Esta oficina se encarga de elaborar los informes sobre las incompatibilidades y conflictos de intereses de altos cargos previstos en la ley, de gestionar el régimen de sus incompatibilidades, de custodiar sus declaraciones de bienes y actividades y de requerirles cuando sean nombrados o cesados el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS

El pasado mes de julio, en su primera comparecencia en el Congreso como ministra, Batet avanzó su intención de "reforzar" la rendición de cuentas de los altos cargos y de los funcionarios públicos mediante la "simplificación y aplicación rigurosa" de los procedimientos que lleva a cabo la Oficina de Conflicto de Intereses.

En este sentido, aseguró que, una vez culminase el proceso de nombramiento de nuevos altos cargos en la Administración General del Estado, procederían a publicar las declaraciones de bienes y patrimonio correspondientes, así como las que aún están pendientes de miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Están a punto de cumplirse cuatro meses de la llegada de Sánchez a Moncloa y el Gobierno aún no ha procedido a publicar esa información en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fue una ley del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la que implantó en 2006 la obligación de publicar en el BOE esas declaraciones de bienes de los miembros del Ejecutivo en el momento de tomar posesión.

Con la Ley de Transparencia, el Ejecutivo amplió el listado de altos cargos que deben publicar las declaraciones de bienes, incluyendo a embajadores, subsecretarios y otros. Es lo que se hizo en 2014, última vez que se cumplió con este trámite.

En 2015 se aprobó además la Ley del Alto Cargo, que dejó para un reglamento posterior la regulación de el momento en que debían producirse esas declaraciones, entre otro aspectos. El Gobierno del PP no llegó sin embargo a aprobar este reglamento y el Ejecutivo de Mariano Rajoy que tomó posesión en 2016 no cumplió así con la obligación de transparencia.

Sí son públicas las declaraciones de los ministros que eran a la vez diputados, puesto que la web del Congreso recoge las declaraciones de actividades, bienes y patrimonio de los parlamentarios.