MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados respaldó hoy la tramitación del proyecto de Ley Orgánica para reformar el Código Penal de 1995 y rechazó, con los votos del PSOE, CiU, ERC, PNV e IU-ICV, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular, que cosechó 179 votos en contra, 127 a favor y la abstención del representante de CC.
El proyecto, del que se ha desgajado a través de otra proposición de ley el endurecimiento de los delitos correspondientes a seguridad vial, supera así su primer trámite parlamentario antes de pasar a la Comisión de Justicia del Congreso, en la que se realizará el debate de enmiendas parciales.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, defendió la ley como el instrumento necesario para "dar la respuesta más adecuada a los nuevos retos que plantea la delincuencia" y aseguró que, de esta forma, se dará respuesta a la "exigencia imperativa" de acompasar la acción de la Justicia "al paso de los tiempos" y se situará al Estado de Derecho "por encima de las organizaciones criminales que se empeñan en atacar a la propia sustancia del Estado democrático, a través del delito".
Durante su intervención, el ministro resumió los principales puntos del proyecto, entre los que citó la suspensión del plazo de prescripción de los delitos cuando se encuentre pendiente la resolución de alguna querella o denuncia; o el comiso ampliado, que permitirá decomisar el patrimonio del condenado que provenga del mundo del delito siempre que su valor resulte desproporcionado en relación con sus ingresos legales y no se corresponda con ellos.
Asimismo, señaló que las modificaciones incluidas en el proyecto de ley potencian la persecución de los delitos urbanísticos, introducen figuras como la "asociación para delinquir" y tipifican nuevas situaciones delictivas como el acoso laboral, la manipulación genética, la clonación de tarjetas de crédito o el acceso e intromisión ilegal en sistemas informáticos.
PP: "DUDAS PARA COMBATIR EL TERRORISMO"
El diputado del PP Juan Santaella, encargado de defender la enmienda a la totalidad, criticó el proyecto porque, a su entender, generará "dudas en la ciudadanía para combatir el terrorismo y la inseguridad ciudadana". Asimismo, lamentó que el Ejecutivo "se niegue a la ilegalización de Batasuna, su entorno y ANV e intente garantizar la financiación del entorno de la banda".
Santaella pidió la devolución del proyecto por considerar que responde únicamente a un "interés electoral" y no da respuesta a los "problemas más acuciantes" de la ciudadanía en materia de seguridad, entre los que citó los secuestros 'express' o el robo violento a establecimientos comerciales y joyerías.
"La reforma responde a la idea de que el delincuente es víctima de las circunstancias y de que una actitud generosa de la sociedad reconducirá su comportamiento", apuntó.
La enmienda a la totalidad del PP defendía, entre otros aspectos, la inclusión de penas de prisión por conducción agresiva. En todo caso, la reforma corre el riesgo de no aprobarse por su heterogeneidad, la sucesión de prórrogas en el plazo de enmiendas, el cambio al frente del Ministerio de Justicia y el escaso tiempo hábil que resta de legislatura.
RECHAZO DE NACIONALISTAS E IU
El representante de CiU Jordi Jané respaldó el endurecimiento de las penas por el asalto a domicilios y propiedades privadas porque "responde a una demanda de los ciudadanos", y destacó la necesidad de imitar las legislaciones de países como Alemania e Italia para evitar que "personas de otros países vengan a España a delinquir porque es más fácil".
Por su parte, Margarita Uría (PNV) expresó su "perplejidad" por el momento escogido por el Gobierno para la tramitación de la reforma pero se mostró "muy crítica" con la enmienda del PP, que la representante de IU-ICV aseguró que responde a "un modelo de política criminal ultraconservador que se resume en el 'todos a la cárcel', castigar y barrer".
Georgina Oliva (ERC) valoró positivamente las reformas que se van a acometer en la lucha contra el acoso laboral o la actuación de los 'hackers' (piratas informáticos), mientras el diputado de Coalición Canaria (CC) Luis Mardones, en representación del Grupo Mixto, justificó la abstención de su formación al entender que un proyecto tan complejo precisaría para su aprobación de "un tiempo de reflexión".