Martín Pascual firmó un contrato para usar la visa con un límite de 2.500 € al mes para "gastos de todo tipo" y no para un fin fraudulento
MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ex secretario de política regional de UGT en Madrid, Gonzalo Martín Pascual, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que revoque su imputación por indicios de delitos de administración desleal y apropiación indebida en la causa en la que se investiga la utilización de 'tarjetas black' opacas al fisco en Caja Madrid.
La defensa de Martín Pascual ha presentado un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, contra la providencia del juez Andreu en la que se le cita a declarar como imputado en esta pieza separada del 'caso Bankia' al considerar que esta resolución es "gravemente perjudicial" y el recurso a la vía penal es un tanto desacertado". "Una cosa es pretender aplicar correctamente el Derecho Penal para los casos que proceda y otra bien distinta es forzarlo hasta límites insospechados", añade.
A su entender, este auto es "cuando menos sumamente precipitado, aparte de erróneo y equivocado" al confundir consejeros y altos directivos de Caja Madrid y Bankia o equiparar los plásticos de ambas entidades, lo cual es "completamente inexacto". En este sentido, recalca que su visa estaba "perfectamente dentro del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas", tenía un soporte contractual y su uso fue "siempre lícito y nunca fraudulento".
Martín Pascual explica que el entonces secretario del Consejo de Administración Enrique de la Torre le comunicó que su elección como consejero en 2003 suponía la concesión de una tarjeta "Business Plata" con un límite mensual máximo de 2.500 euros al mes para "gastos de todo tipo". El 2 de octubre de aquel año firmó un contrato, según el cual el titular de la visa era la caja de ahorros mientras que él era el beneficiario y que se fue renovando hasta su salida en enero de 2010.
"NUNCA SACÓ DINERO EN EFECTIVO"
El antiguo representante sindical asegura que "jamás" se excedió del límite establecido para la utilización de la tarjeta, "nunca sacó dinero en efectivo pues carecía de número PIN, en ningún caso fue reprendido o amonestado por alguna persona de Caja Madrid por los gastos y tampoco fue recriminado por ninguna de las organizaciones que presentaron su candidatura, las cuales estaban perfectamente al tanto de su existencia".
Martín Pascual, que fue elegido en una renovación parcial del Consejo de Administración a través de una candidatura presentada por UGT de Madrid, CCOO de Madrid y el PSM, indica que careció de cualquier "capacidad ejecutiva" durante esta etapa y destaca el "carácter presidencialista" de dicha entidad, donde "la política empresarial" estaba en manos del Comité Ejecutivo. Añade que nunca ha ocupado cargos en Bankia.
Considera "precipitado" hablar de la falta de tributación a Hacienda, máxime cuando es "más que probable que haya un acta de conformidad del año 2007 suscrita por Caja Madrid y unas intervenciones de inspectores tributarios relativas al uso y contabilización de las tarjetas".
En el marco de esta investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene imputados a 82 antiguos miembros del Consejo de Administración y exdirectivos de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato o el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj. Los primeros 27 exconsejeros declararán a partir del próximo 16 de febrero.
