Los consejeros del Gobierno de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Tres consejeros de Ceuta han declarado ante la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio, María Tardón, que las autoridades de este país actuaron con pasividad ante los sucesos y también en la gestión de los 90 cadáveres que encontraron.
Así lo han contado fuentes jurídicas a Europa Press tras las testificales este martes en la Audiencia Nacional de Alberto Ramón Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación; Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda.
La consejera de Sanidad ha declarado que acudió varias veces a la frontera el día 30 de julio ante la crisis y que, en la última ocasión, a altas horas de la noche, se encontró con el entonces delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que incidió en que las autoridades marroquíes estaban colaborando.
Preguntada por la jueza si consideró que Pérez Triano estaba siendo irónico, ella ha subrayado que no lo sabe, pero ha reconocido que se sintió ofendida por la expresión.
Además, ha dicho que tuvieron que buscar acomodo a 90 cadáveres, habida cuenta de que la ciudad solo disponía de espacio para siete, han indicado las fuentes.
Benzina también ha declarado que Marruecos ha rechazado los cuerpos, incluso los identificados. Según fuentes jurídicas, solo se logró la identificación formal de nueve cuerpos y que cinco sepelios pudieron ser celebrados con la presencia física de sus familiares.
AGENTES MARROQUÍES MIRANDO EL TELÉFONO O REZANDO
Y es que los consejeros también han enfatizado la, a su juicio, pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes el día de la entrada, indicando que algunos agentes estaban mirando el teléfono o rezando. No obstante, los testigos han indicado que las personas entraron de manera organizada.
Por otro lado, Gaitán ha indicado que han documentado en 3.560 los menores acogidos pero no descarta que la cifra pueda superar los 4.000.
Además, las fuentes han explicado que Tardón ha citado para este miércoles a tres de las personas que entraron en Ceuta durante esos días. También declararán ese día agentes de la Policía Nacional que estaban de servicio durante la entrada.
VIVAS DIJO QUE CONTACTÓ CON EL GOBIERNO
Los consejeros también han señalado que hubo pasividad del Gobierno central, en tanto que desde Ceuta solicitaron la constitución urgente de un mando único y el refuerzo de la frontera pero no fue atendida antes de la entrada masiva.
Y han subrayado la inexistencia de alertas sobre mafias por parte de la Delegación del Gobierno, que según han dicho no transmitió en ningún momento a las autoridades locales información de inteligencia sobre la actuación de supuestos grupos organizados.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el primer testigo en declarar en esta causa, aseguró el pasado 30 de septiembre que contactó con el Gobierno en los días previos a la entrada masiva para advertir de la gravedad de la situación, pero que Moncloa minimizó la crisis migratoria.
Tardón considera en resoluciones del caso que la entrada masiva "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta".
Y niega, además, que "la finalidad de la mayoría de los inmigrantes fuera permanecer en territorio español", subrayando que la entrada masiva "persiguió obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, logrado el primer objetivo, eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación".
Como uno de sus últimos movimientos, la jueza ha preguntado al Ministerio de Defensa si tiene constancia de la entrada en aguas de la ciudad autónoma de buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes entre el 29 de julio, un día antes de los hechos, y el 10 de agosto.
