BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los portavoces parlamentarios de CiU y ERC, Oriol Pujol y Anna Simó, respectivamente, apreciaron hoy que es incoherente que hace cuatro años el PSOE votase en las Cortes el Estatut y ahora el Estado aprecie inconstitucionalidades en la Ley de Consultas Populares aprobada por el Parlamento catalán, que desarrolla lo previsto en la norma catalana.
En rueda de prensa desde el Parlamento catalán, Oriol Pujol aseguró que esta situación es un "pastel". Lamentó también que sea un gobierno liderado por el PSC quien tenga que defender la Ley de consultas, cuando el gobierno del PSOE duda de su constitucionalidad, y PSC y PP han llevado al Consejo de Garantías Estatutarias la iniciativa popular para celebrar una consulta independentista en Cataluña.
Por su parte, Simó indicó que el artículo 122 del Estatut refrendado en las Cortes con el apoyo del PSOE permite a la Generalitat catalana la posibilidad de convocar consultas populares. Según la norma catalana, la Generalitat tiene "competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria" de las consultas, y establece que en todo momento hay que cumplir con la Constitución, que establece que deben contar con el aval del Estado.
"No hay ningún fundamento jurídico que dé la razón al Gobierno" de que la Generalitat catalana no tiene competencia exclusiva en este tema, aseguró Simó, quien resaltó que en la elaboración de esta ley, se optó por un texto con "pulcritud jurídica".
Simó recordó además que CiU vio insuficiente la ley de consultas y que muchos la tildaban de "conservadora y blanda". Indicó además que el Consejo de Garantías Estatutarias certificó por unanimidad que la ley aprobada es constitucional y estatutaria.
ERC quiso dejar muy claro que la ley de consultas catalana no puede ser comparada en ningún momento con la consulta que quería promover el ex lehendakari Juan José Ibarretxe (PNV) para el 25 de octubre de 2008, proyecto que descartó el Tribunal Constitucional (TC).
"El Estatuto vasco no da ninguna competencia a las instituciones vascas para regular referéndums", algo que sí ocurre en el caso catalán, recordó el diputado de ERC Pere Aragonès.
La Generalitat catalana avanzó ayer que el Estado le ha manifestado que la Ley de Consultas populares aprobada por el Parlamento catalán invade sus competencias. Por ello, han iniciado negociaciones y, si no hay acuerdo en seis meses, el Estado podrá recurrir ante al Tribunal Constitucional (TC) la norma catalana.
La Ley de Consultas Populares por Vía Referéndum la impulsó el tripartito, y se trata de uno de los proyectos que ERC considera más emblemáticos de esta legislatura. La norma regula cómo deben convocarse las consultas populares, y prevé que todas deberán contar con la autorización del Estado, cumpliendo así con lo que establece la Constitución.
Las consultas podrán proponerse sobre cualquier tema --incluido la autodeterminación-- mediante un acuerdo del Gobierno catalán y siempre a propuesta del presidente de la Generalitat catalana; mediante el apoyo de un 20% de los diputados o dos grupos parlamentarios, si lo solicitan un 10% de los ayuntamientos y representan 500.000 habitantes, o si lo piden el 3% de la población catalana mediante recogida de firmas.
