La Comisión del Estatuto de los Diputados dará audiencia a la portavoz de Junts y el caso se espera resolver en menos de dos meses
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión del Estatuto de los Diputados se reunirá el próximo viernes para empezar a estudiar el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar a la portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borrs, por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El primer paso será dar audiencia a la afectada para que dé su versión.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió el lunes la comunicación cursada por la Sala de lo Penal de este órgano que eleva suplicatorio en relación con la diputada independentista, y al día siguiente la Mesa del Congreso ya puso en marcha el procedimiento parlamentario, que se espera resolver en menos de sesenta días.
Conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tenía cinco días para enviar el escrito a la Comisión del Estatuo de los Diputados, pero este órgano ya lo ha recibido y según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias ya se ha convocado para el viernes la primera reunión para empezar a estudiar el expediente:
A partir de ahí, la Comisión que preside la diputada del PSOE Begoña Nasarre dispone de un máximo de 30 días hábiles para presentar una propuesta, tras la audiencia de la interesada y siempre en reuniones a puerta cerrada. Esas alegaciones podrán presentarse por escrito en el plazo que fije la propia Comisión o bien de forma oral ante la misma. En anteriores ocasiones se han dado diez días al afectado para la audiencia.
Una vez concluya su tarea, la comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto de los Diputados ha resuelto este trámite en poco más de dos semanas.
TODO EL PROCEDIMIENTO ES A PUERTA CERRADA
Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Batet dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.
31 SUPLICATORIOS CONCEDIDOS
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 31 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último que salió adelante --el 22 de noviembre de 2016-- fue el del portavoz de la antigua Convergncia, Francesc Homs, ahora también en Junts como Borrs, investigado en su día por el Supremo por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia. En aquella ocasión el suplicatorio se aprobó con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos mientras que Unidos Podemos y los nacionalistas votaron en contra.
En las legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
