CORR.- Libertad provisional para los dos administradores de Urdicam en Castro Urdiales (Cantabria)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales ha decidido dejar en libertad provisional a los dos administradores de la empresa Urdicam Promociones detenidos por presuntos delitos de estafa y contra la ordenación del territorio cometidos con la construcción del edificio Boulevard.

Además, les ha exigido que depositen en el juzgado más de 4,8 millones de euros en metálico --la cuantía que habían obtenido por la venta de viviendas y garajes del inmueble-- para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que se puedan derivar de la causa.

Así se acuerda en tres autos dictados ayer jueves, día 4, por el titular del Juzgado, quien reconoce que existen "motivos bastantes" para considerar a los dos hombres como responsables de los delitos de estafa y contra la ordenación del territorio, pero explica que no puede enviarles a prisión provisional porque no lo ha solicitado ninguna de las partes.

En consecuencia, en sendos autos, el juez ha dictado libertad provisional para A.H.F. y para F.G.P. que, no obstante, deberán comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, así como todas las veces que sean llamados. Además, deberán notificar ante dicho órgano judicial cualquier cambio de domicilio y si incumplen cualquiera de las imposiciones fijadas por el juez, éste podrá acordar entonces la prisión provisional.

En el tercer auto, el juez exige a los dos administradores de la empresa que depositen en el juzgado, en metálico y en el plazo de un día, un total de 4.829.840 euros, cantidad equivalente a los daños y perjuicios que se calcula que han podido ocasionar en torno a la construcción de este edificio.

Según se explica en el auto, el problema es que el edificio Boulevard se ha construido sobre una vaguada cruzada por un cauce fluvial y varios manantiales y en la que era necesario informe previo de la Confederación Hidrográfica, ya que el cauce que discurre por la zona es de dominio público del Estado.

El edificio se construyó además ocupando parte de esos bienes de dominio público y su zona de influencia, lo que convierte la construcción en "ilegal y nula de pleno derecho". Y a esto se añade que, indiciariamente, se aprecia que toda la tramitación administrativa del proyecto fue "sistemáticamente irregular y fraudulenta", puesto que se omitieron "trámites esenciales".

A ese posible delito contra la ordenación del territorio se suma otro presunto delito de estafa, ya que las viviendas y garajes se han vendido sin advertir a los compradores de esos hechos y, además, parte del dinero de las operaciones de compraventa se cobró 'en B'. El auto señala que la propia secretaria de Urdicam lo ha reconocido, al afirmar que parte del dinero "se entregaba en cheque y otra cantidad en sobre".

Sumadas las cantidades entregadas 'en A y en B', más el IVA, el Juzgado calcula que los administradores de Urdicam han podido ocasionar daños y perjuicios por importe superior a los 4,8 millones de euros. De ahí que haya exigido el depósito de dicha cantidad en el Juzgado para afrontar las posibles responsabilidades.