MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó hace menos de año y medio, en noviembre de 2005, una proposición no de ley promovida por IU-IV sobre la muerte del cámara de Telecinco José Couso en el Hotel Palestina de Bagdad en abril de 2003 en la que se instaba al Gobierno a apoyar las acciones judiciales encaminadas a exigir responsabilidades por la muerte del periodista español.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en contra de lo dictaminado por el juez Santiago Pedraz, ha solicitado hoy el archivo de la causa abierta contra esos tres militares estadounidenses por considerar que los hechos no son constitutivos de delito. Tanto Izquierda Unida como el Bloque Nacionalista Gallego ya han lamentado esta decisión del fiscal.
SEGUIR CON LA INVESTIGACION EXAHUSTIVA.
En noviembre de 2005, la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja aprobó una iniciativa en la que se instaba al Gobierno a que continuara requiriendo a las autoridades competentes en Estados Unidos una investigación "exhaustiva y fehaciente de las circunstancias" en que murieron el cámara de Telecinco y el periodista Julio Anguita Parrado.
En la misma proposición, se emplazaba al Ejecutivo socialista a apoyar a los órganos judiciales españoles, "a fin de determinar y enjuiciar, en su caso, ante los tribunales correspondientes a los responsables que de la investigación se desprendan".
Además, se solicitaba al Gobierno que prestara apoyo consular para hacer efectivo del cobro de las indemnizaciones y prestaciones sociales por parte de las familias de los periodistas españoles, así como que promoviera el reconocimiento al trabajo, dedicación y aportación personal de Couso, de Parrado y del conjunto de periodistas fallecidos en conflictos armados.
A esta proposición se suma un texto más reciente, aprobado hace tan sólo un mes en la misma Comisión de Exteriores, en el que se recuerda a las autoridades de los Estados Unidos la vigencia del Tratado de Asistencia Judicial suscrito por ambos países en relación con la imputación por la justicia española de los militares estadounidenses implicados en la muerte de Couso.
