Insiste en que los 12 vocales procedentes de la Carrera sean elegidos directamente por los jueces y que el presidente proceda del Supremo
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Cs ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que insiste en cambiar el sistema de elección de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que los doce que según la Constitución deben proceder de la carrera judicial sean elegidos "por y entre todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales y que se encuentren en servicio activo".
La fórmula ya fue planteada por la formación naranja en una proposición no de ley en 2016 y como enmiendas planteadas por Cs y el PP en julio de 2018, si bien en ambas ocasiones fue rechazada por la mayoría del Congreso.
Actualmente, la LOPJ establece que ocho de los veinte vocales del CGPJ deben ser propuestos por el Congreso (cuatro) y el Senado (otros cuatro) y elegidos entre juristas de reconocida competencia, mientras que los otros doce son escogidos también por las Cámaras legislativas (seis cada una) entre jueces y magistrados en activo.
LÍMITES DEL MANDATO CONSTITUCIONAL
En su Exposición de Motivos, la iniciativa de Ciudadanos explica que el artículo 122 de la Constitución previó que, de los ocho vocales deque tienen que ser juristas, cuatro fueran elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado y, en cambio, nada se estableció en la Constitución sobre el sistema de nombramiento de los doce jueces vocales.
"La voluntad del constituyente era manifiestamente clara: el Poder Judicial y, por tanto, también su órgano de gobierno deben ser independientes", señala la propuesta, añadiendo que el actual sistema menoscaba la garantía de independencia de los miembros de la Carrera.
También se argumenta que los últimos informes del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa han llamado la atención sobre la inobservancia por parte de nuestro país de la recomendación de establecer criterios objetivos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la carrera judicial, a fin de garantizar que el proceso de selección de los mismos no genere dudas en cuanto a su independencia, imparcialidad y transparencia.
Así las cosas, la reforma planteada por Ciudadanos está compuesta por un artículo único, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Este artículo único está dividido en veintinueve apartados que modifican, a su vez, veintiséis artículos de la actual Ley, suprimen otro y añaden un nuevo capítulo VII al Título IV del Libro VIII de la norma. El objetivo es, principalmente, reformar el régimen de elección de los vocales del CGPJ para fortalecer la independencia judicial.
La reforma también busca garantizar que todos aquellos nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos se cubran conforme a una baremación lo más objetivada posible, adoptándose las cautelas necesarias para preservar la imparcialidad en dichas designaciones.
Las reforma mantiene la autonomía presupuestaria del órgano de gobierno de los jueces pero asegurando la dedicación exclusiva de sus miembros. Respecto a su presidente, que lo es también del Supremo, la reforma de Ciudadanos plantea asegurar la experiencia y reconocido prestigio de la persona elegida para el cargo, que deberá proceder del propio Supremo y con al menos al menos cinco años de antigüedad en este órgano.
NUEVO SISTEMA DE ELECCIÓN
En cuanto al nuevo sistema de elección Cs plantea que el juez que lo desee pueda presentarse para ser vocal si dispone de 25 avales o del aval de una asociación profesional. Después, cada juez podrá votar a un máximo de seis candidatos en una única circunscripción nacional mediante listas abiertas y voto personal, libre, igual, directo y secreto.
Asimismo, la proposición de ley suprime el nombramiento de magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades por parte de los Parlamentos autonómicos, para evitar que los políticos nombren a aquellos magistrados que tendrán que juzgarles si son investigados y procesados por algún delito.
Por otro lado, la iniciativa de Ciudadanos regula las "puertas giratorias" entre la política y el Poder Judicial, de manera que los jueces procedentes de la política no podrán regresar a la magistratura hasta pasados dos años y no podrán incorporarse a juzgados y tribunales donde se instruyan o conozcan causas judiciales en las que sean partes investigadas o enjuiciadas miembros de partidos políticos con los que estuvieran o hubieran estado vinculados.
También se limitan a dos los mandatos que pueden permanecer en su cargo el presidente y los vocales del CGPJ, el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de los tribunales superiores de justicia y los de las audiencias provinciales.
Además, se propone una carrera judicial "basada en el mérito y la capacidad" en la que los criterios para ascender estén objetivados y sean iguales para todos, y que los presidentes de Sección y de Sala, así como los magistrados del Tribunal Supremo, sean elegidos en un concurso de méritos público y transparente por antigüedad, especialización y evaluación continua.
Las disposiciones finales son dos: la primera prevé un mandato al Consejo General del Poder Judicial para elaborar, en el plazo de seis meses, los reglamentos precisos a los efectos de desarrollar y ejecutar lo dispuesto en la Ley Orgánica. En cuanto a la disposición final segunda, prevé la entrada en vigor de la Ley el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*.
