Cuatro peritos de la IGAE y dos de parte ratifican en el TS que son los autores de los informes sobre los ERE

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que elaboraron el informe en el que se ha basado la juez de Sevilla Mercedes Alaya para acusar en el caso de los presuntos ERE irregulares en Andalucía y los dos de parte, que elaboraron un dictamen contrario a propuesta del expresidente de la Junta José Antonio Griñan, han comparecido este viernes en el Tribunal Supremo para ratificar la autoría de sendos documentos.

Así lo han señalado fuentes del alto tribunal que han precisado que se ha tratado de una diligencia de puro trámite ante la secretaria de la Sala de lo Penal del alto tribunal y que la misma no se ha referido al contenido de sendos informes.

La ratificación de lo que dicen los informes con presencia de las partes, que pueden cuestionar su contenido corresponde al instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, que la ordenará cuando considere oportuno en el curso de sus investigaciones, según las mismas fuentes.

Los peritajes afectan a los cinco aforados por esta causa en el Supremo que son, además de los expresidentes Griñan y Manuel Chaves los exconsejeros Mar Moreno, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, contra quienes el alto tribunal ha abierto causa ai instancia de la juez de Instrucción de Sevilla número 6.

Los expertos se han personado ante la secretaría judicial de la Sala de lo Penal del alto tribunal para identificarse y han confirmado que han sido los encargados de elaborar los estudios, según las mismas fuentes.

INFORMES CONTRADICTORIOS

El informe de la IGAE, realizado a petición de la juez Alaya, volvía a cuestionar las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis a cargo del programa 31L y discrepaba de las conclusiones elaboradas en su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Por su parte, el análisis aportado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago defiende que no existieron irregularidades en las transferencias de financiación y que éstas se realizaron en el marco de la gestión de fondos.