MADRID, 2 Dic. (OTR/PRESS) -
La Audiencia Nacional ha decretado la prisión eludible con una fianza de 60.000 euros para los tres abogados de etarras Arantza Zulueta, Iker Sarriegui y Jon Enparantza acusados de actuar como correos entre la dirección de la banda terrorista y sus presos. Justifican la medida argumentando que las medidas cautelares impuestas y la situación de "arraigo social" de los imputados aminoran el riesgo de fuga.
Tras siete meses y medio en prisión, el tribunal ha acordado que los letrados deberán cumplir comparecencias semanales, no salir de España y entregar sus pasaportes en 24 horas desde su puesta en libertad. Esta operación, en la que fueron arrestados los tres abogados junto a otros nueve acusados, supuso la desarticulación del frente de letrados que, según el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, actuaban como "comisarios" de la organización terrorista. Los policías han censurado la noticia y la consideran "mala noticia"
Así, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal justifica esta medida, en tres autos dictados este jueves, argumentando que las medidas cautelares impuestas y la situación de "arraigo social" de los imputados, a los que se atribuye un delito de integración o colaboración con organización terrorista, aminoran el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
El tribunal, integrado por los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, obliga a los tres letrados a cumplir comparecencias semanales, no salir del territorio nacional y entregar sus pasaportes en el plazo de 24 horas desde su puesta en libertad.
Los tres abogados han permanecido en prisión siete meses y medio. Fueron arrestados el pasado 14 de abril junto a otros nueve acusados de integrar un grupo (H-Alboka) que servía como nexo de unión entre las cárceles y la dirección de ETA en Francia. Ninguno de los arrestados en aquel operativo permanece en la cárcel.
Con esta operación al sector más duro del entorno de la banda se dio por desarticulado el frente de abogados que, según el Ministerio del Interior, actuaban como "comisarios" de los terroristas.
UN FRENTE DE ABOGADOS QUE ACTUABA COMO "COMISARIOS"
El propio ministro Alfredo Pérez Rubalcaba señaló que su misión era la de prestar información sobre objetivos, facilitar la huida de etarras, captar nuevos militantes, gestionar el cobro de la extorsión o velar por el cumplimiento de la ortodoxia de la banda en las prisiones.
Marlaska envió a los letrados a la cárcel, así como a los trabajadores de sus despachos Saioa Aguirre Arauco y Naia Zuriarrain Mendiguren, por considerar que entre las funciones que realizaban se encontraban intermediar en la "gestión y cobro" del 'impuesto revolucionario' e informar sobre posibles objetivos como el presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Íñigo Urkullu, otros dirigentes de la formación nacionalista y tres escoltas de cargos públicos.
También acordó, tras más de siete horas de interrogatorios, la libertad de Juan María Jáuregui Zalakain y Asier Etxabe Azkue bajo fianzas de 30.000 y 12.000 euros, respectivamente, e impuso comparecencias judiciales a Erramun Landa Mendibe y José Luis Gallastegui Lagar.
UN ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR FAVORABLE
En el caso de Sarriegui, la resolución judicial sostiene que aunque el riesgo de fuga continúa siendo "incuestionable" y el delito imputado es "grave", el imputado cuenta con "un entorno social y familiar de claro apoyo que compromete por él su palabra", lo que "minimiza" la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia o vuelva a delinquir.
Asimismo, esta resolución, que lleva la firma de Bayarri, destaca que el padre de Sarriegui es "una persona muy querida y apreciada" en San Sebastián porque "ha pertenecido más de 38 años" al equipo de fútbol de la Real Sociedad, "donde ha desarrollado diferentes labores desde entrenador, responsable del grupo de ojeadores, responsable de las relaciones con los clubs de la provincia y, finalmente, delegado del campo de Atocha".
Tras indicar que en la actualidad el progenitor de Sarriegui regenta "una pescadería de gran popularidad en la parte vieja de la ciudad" y que el propio imputado jugó en este equipo durante tres temporadas, "en las que por cierto estuvo casi todo el tiempo lesionado", la magistrada destaca que tres representantes del club comparecieron ante el tribunal para garantizar que "la puesta en libertad de Iker no empecerá la instrucción de la causa".
También, la defensa de Sarriegui alegó la situación del hijo de dos años y medio que tiene con su pareja, con la que se casó en julio pasado mientras se encontraba en prisión, aunque el tribunal descarta que ésta pueda considerarse una consecuencia de la situación procesal de su padre. Además, el tribunal valora el testimonio del decano del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, amigo del padre de Sarriegui y que acreditó el "arraigo laboral" del recurrente.
En lo referente a Zulueta, los magistrados destacan que las medidas cautelares impuestas garantizan su "sometimiento al proceso y la no reiteración delictiva", mientras que en el de Enparantza subrayan su "disponibilidad procesal por razón de arraigo personal, social, laboral y familiar". En este caso, el tribunal añade que, debido a la condición de "abogado" del recurrente, su salida de la cárcel "favorecería sus posibilidades de adecuada defensa.
"ES UNA MALA NOTICIA"
Tras conocer la liberación, los dos principales sindicatos policiales, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Confederación Española de la Policía (CEP) han coincidido este jueves al expresar su sorpresa y malestar ante la decisión de la Audiencia Nacional.
"Es una mala noticia, eran gente que se le acusaba de amenazar a miembros de ETA que querían abandonar la banda, que coaccionaban. Si eso es así, estamos dando dos pasos para adelante y uno para atrás y en la lucha contra ETA no hay que dar ni un paso atrás", ha dicho el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet. Ha añadido que "si el fiscal se ha opuesto debe presentar los recursos pertinentes". "De lo contrario les estaremos dando oxígeno a los asesinos que es lo peor que se puede hacer en este momento", ha aseverado.
En la misma línea se ha expresado el portavoz de la CEP, Lorenzo Nebrera, quien ha calificado el auto de "curioso por no decir escandaloso". "Hay que leerlo varias veces y detenidamente para observar que realmente es un escándalo", censura. "De aplicar el criterio de valorar que los padres de los que han cometido un delito son personas respetables tendríamos que sacar de la cárcel al 60 por ciento de los presos", ha dicho Nebrera, quien ha recordado que "se trata de delitos de terrorismo que causan alarma social".
Las críticas de la CEP están motivadas en algunos de los argumentos expresados por la Audiencia Nacional, destaca que el padre de Sarriegui --uno de los tres abogados-- es "una persona muy querida y apreciada" en San Sebastián porque "ha pertenecido más de 38 años" al equipo de fútbol de la Real Sociedad, "donde ha desarrollado diferentes labores desde entrenador, responsable del grupo de ojeadores, responsable de las relaciones con los clubs de la provincia y, finalmente, delegado del campo de Atocha".