Defensa de Borrás reprocha al fiscal que pida 7 años de cárcel por un acuerdo de gasto que nunca fue ejecutado

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) - La abogada Judith Gené, que defiende a la exconsejera de Gobernación de la Generalitat de Cataluña Meritxel Borrás en el juicio en el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo, ha reprochado a las acusaciones, y especialmente a la Fiscalía que solicite para su cliente 7 años de cárcel por malversación basándose en su apoyo a un acuerdo político que nunca fue ejecutado. Se refería la letrada al acuerdo del Govern de Carles Puigdemont de 6 de septiembre de 2017 en el que todos los consejeros se comprometían a asumir de forma solidaria los gastos para hacer frente al referéndum de independencia, que fue suspendido un día más tarde por el Tribunal Constitucional. "Pero ningún gasto fue adoptado ni comprometido con posteriodad a esa fecha, se trataba de un acuerdo que quedó en el plano político y no debe sorprender que los políticos hagan cosas políticas", ha apuntado la abogada durante su alegato. Ha admitido que incluso si se quiere hablar del citado acuerdo del Govern como de una especie de "complicidad psíquica" de todos sus miembros debería probarse que dicha complicidad ha tenido alguna influencia sobre los que deberían haber aprobado el gasto, algo que tampoco ha ocurrido. La intervención de esta letrada ha sido interrumpida en dos ocasiones por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, con el objetivo de informarla del tiempo que le quedaba para concluir su intervención, ya que Gené cedió en la sesión del martes 15 minutos de su hora de informe definitivo a uno de sus compañeros. "Voy a tener que volar", ha contestado la abogada. Gené también ha rechazado la petición de condena por organización criminal que ha realizado contra su cliente la acusación popular ejercida por Vox, a la que ha reprochado que eliminara su petición de condena por este delito y el de malversación para otro de los encausados que se encuentran en libertad, Santiago Vila, haciendo una mera "discriminación ideológica sin justificarlo". Posteriormente, la abogada de Borrás ha ido haciendo mención uno a uno de los gastos para el referéndum obrantes en los escritos de acusación para tratar de desacreditarlos en su conjunto demostrar además que su patrocinada no tuvo intervención directa en ninguno de ellos. Así ha ocurrido en el caso del Centro de Comunicaciones y Teconológicas de la Información (CTTI) de Cataluña, donde a su juicio ni Fiscalía ni Abogacía del Estado han podido concretar ningún gasto para el 1-O a pesar de los registros en las instalaciones y la intervención de los teléfonos de varios de sus empleados. Lo mismo ha señalado con respecto a la campaña denominada Civisme o los gastos que según las acusaciones se realizaron para papeletas y material electoral intervenidos en la empresa Unipost. Sobre éste último, ha recordado que los contratos marco que firma la Generalitat no suponen rebaja alguna de control ni de seguridad jurídica y que la Abogacía del Estado mintió al asegurar que parte de este material había sido servido por una de las empresas del departamento de su cliente. La letrada se ha detenido especialmente en los gastos atribuidos al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), ya los abogados se han repartido por bloques la defensa en profundidad de cada uno de los diferentes capítulos de la malversación. Así, ha recordado que quizá el nombre de la institución "no es afortunado",o no ha sabido explicar bien su actividad, aunque lo lo que hay que tener en cuenta que es un organismo autónomo que lleva años organizando visitas de diferentes cargos extranjeros a Cataluña y no puede hablarse de malversación por el hecho de que la presencia de algunas visitas o encargos académicos coincidieran con la jornada del referéndum. Gené ha concluido subrayando que Borrás comunicó a sus subalternos la resolución del Tribunal Constitucional que prohibió destinar presupuesto a la consulta suspendida. Tampoco aparece en la famosa agenda Moleskine incautada a Josep María Jové, mano derecha del exvicepresident Oriol Junqueras, ni se vio que encargara gasto alguno en los más de 10.000 correos electrónicos que se le intervinieron.

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