GRANADA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Defensa ha denegado a la inmobiliaria Frai la autorización para realizar las obras de la urbanización Novosur del municipio de Alhendín (Granada), que forman parte de la investigación judicial por supuesta corrupción urbanística, incluidas en el Plan Parcial SUB-O3, por "vulnerar las servidumbres aeronáuticas" de la base aérea de Armilla.
En un comunicado, firmado por la secretaria de Estado de Defensa, Soledad López, el Ministerio informa de que esta resolución agota la vía administrativa y argumenta que las edificaciones no pueden "en modo alguno" ser autorizadas en los términos propuestos.
Ante esta situación --de vulneración de servidumbres aeronáuticas-- explica que la legislación prevé dos alternativas: la demolición las edificaciones --restituyendo la situación a su estado original-- o bien la adopción de medidas correctoras --incluida la demolición parcial-- "que permitan compatibilizar las edificaciones con la seguridad aeronáutica".
Asimismo recuerda que la seguridad aeronáutica no sólo afecta a las tripulaciones de las aeronaves sino también a las familias que habitarían esas viviendas. "Y ocurre, curiosa circunstancia, que los edificios más afectados --por estar situados en el eje de la pista-- son justamente las viviendas de protección pública", mantiene Defensa.
La empresa Frai, en su recurso de reposición, proponía diversas medidas correctoras o paliativas, "pero ninguna de ellas hace viable la permanencia de la totalidad de las edificaciones en los términos que contempla su actual proyecto constructivo".
Por su parte, el Estado Mayor del Aire, "tras numerosas medidas y un minucioso análisis", consideró como "única alternativa factible" la prolongación de la pista en dirección opuesta a la ubicación de los nuevos edificios, lo que facilitaría el franqueamiento de obstáculos y minimizaría las demoliciones.
"NO ES POSIBLE AUMENTAR LA PISTA LO QUE SEA NECESARIO".
Pero, según el Ministerio, aún dentro del perímetro de la base aérea, no es posible aumentar la pista "lo que sea necesario para franquear los edificios".
"La prolongación de una pista tiene límites que dimanan de restricciones técnicas y legales, tales como la situación de las radioayudas a la navegación aérea, la circulación de los helicópteros hacia las áreas de prácticas, la necesaria distancia entre el final de la pista y el camino de ronda de la base o el desplazamiento de la huella sonora que acotan la magnitud de la prolongación, en este caso, a un máximo de cien metros", informó.
A partir de esa nueva posición teórica de la cabecera de pista, "el cálculo de las afecciones de servidumbres aeronáuticas señala vulneraciones en nueve edificios, con magnitudes que oscilan aproximadamente entre los 0,5 y los cuatro metros".
Estas afecciones requieren una significativa modificación del proyecto, de forma que si la empresa Frai está interesada en llevar a cabo esa promoción "deberá necesariamente formular una nueva solicitud de autorización que se ajuste escrupulosamente a los requisitos técnicos exigidos, así como realizar previamente, y a su cargo, tanto los trabajos de ampliación de la pista y sus instalaciones asociadas --según el proyecto técnico que fije el Estado Mayor del Aire-- como las demoliciones requeridas".
"Si la empresa Frai no aceptase la aplicación de estas medidas, el Ministerio de Defensa no efectuará la prolongación de la pista, que quedaría en la situación actual y, en aplicación de las servidumbres aeronáuticas, se instará la demolición de los excesos de altura que correspondan".
Así, según expresa el Ministerio en la nota remitida, la resolución dictada concilia la seguridad de las operaciones aeronáuticas en la base aérea de Armilla con los intereses de las familias que han adquirido "de buena fe" una vivienda en la citada promoción.
Además apuntó la actitud "leal" del equipo de gobierno municipal de Alhendín y su alcalde, Miguel Ángel Gamarra (PSOE), "así como su intención de que siempre se tuviera en cuenta a tantas familias que podían verse afectadas de forma grave en algo tan importante y necesario como una vivienda".
"Defensa sí mide, y lo hace con suma precisión, tratando encontrar un equilibrio entre intereses opuestos, pero el orden de prioridad fijado por la legislación y sentido común no es negociable: primero la seguridad de las personas, después los intereses de quienes han comprado de buena fe y, finalmente, la cuenta de resultados", sostuvo.
La resolución de Defensa se ha transmitido después de que Frai decidiera paralizar de forma "voluntaria" y "temporal" las obras en la urbanización hasta que el Ministerio resolviera el expediente, decisión que comunicó por carta a sus clientes.
Las obras, según sostenía la inmobiliaria, estaban "amparadas" por la correspondiente licencia de obras, "concedida por el único organismo competente para autorizarlas", que es el Ayuntamiento de Alhendín y por ello, "Novosur cumple rigurosamente el planeamiento urbanístico debidamente aprobado por la Junta de Andalucía".
Entre los imputados en la causa se encuentran el que fuera alcalde del municipio, José Guerrero (PP), y el ex edil de Urbanismo Manuel Fernández, además de varios empresarios.
