La defensa de dos condenados por extorsionar al hijo de Obiang pide al TS su absolución por irregularidades del proceso

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado defensor de un guardia civil y un ex militar condenados por extorsionar a varias personas a través de una empresa de seguridad, entre las que se encontraba el hijo de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la absolución de sus defendidos porque la causa ha estado "plagada de irregularidades". Por su parte, la Fiscalía ha pedido que se confirmen la sentencia condenatoria.

Así lo ha manifestado la defensa durante una vista pública celebrada este jueves para revisar el recurso de casación presentado contra la sentencia dictada el pasado marzo por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que condenó a dos años y un mes de prisión a Francisco Javier Gómez Campillo, quien en 2000 era miembro del Instituto Armado, por los delitos de amenazas, extorsión, descubrimiento y revelación de secretos y realización de actividad profesional por parte de funcionario público al servicio de particulares en asuntos relativos a su propia oficina.

El tribunal de instancia condenó además al resto de componentes de la trama de extorsión, los ex militares Pablo Codesido y Miguel Segovia, con un año y nueve meses de prisión por los mismos delitos que Gómez Campillo excepto el último señalado anteriormente.

La sentencia de la Audiencia Provincial señaló que en el mes de agosto de 2000 los acusados se dirigieron a la vivienda en la que el hijo de Obiang, ministro de Bosques de Guinea Ecuatorial, estaba alojado en el municipio de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza. Allí le ofrecieron su servicio de seguridad, que fue rechazado.

Tras ello, Codesido se entrevistó con un miembro del séquito del ministro ecuatoriano, a quien reclamó la entrega de un millón y medio de pesetas para cada uno de los tres acusados. Si se negaban a contratarles, según les dijo, "harían llegar a los medios de comunicación grabaciones y fotos comprometedoras del ministro". No consiguieron este pago.

NO HUBO DENUNCIAS

Durante la vista celebrada este jueves en el Tribunal Supremo, la defensa ha pedido la nulidad de actuaciones y ha puesto de manifiesto "la inexistencia de denuncia alguna". Tras destacar que no ha quedado acreditado "ningún perjuicio económico ni moral", ha añadido que la investigación partió de una serie de noticias aparecidas "en un diario de difusión provincial" y "no en base a ninguna denuncia" contra sus representados, Javier Gómez Campillo y Miguel Segovia.

En este punto, ha expuesto que, entre otras irregularidades, quedó patente la ausencia de los detenidos durante los registros, lo cual determina la "nulidad absoluta y radical de las pruebas practicadas". Dicho esto, ha reprobado que la Audiencia Provincial concluyó que sus clientes formaban parte de una red de extorsión a personas de "reconocida solvencia", cuando entre ellas sólo estaría el hijo de Obiang mientras que el resto eran personas "de la calle, normales y corrientes".

Ha denunciado la vulneración del principio de presunción de inocencia de sus defendidos al tiempo que ha señalado que de la prueba testifical no se desprende que Gómez Campillo cometiera un delito de coacciones ni de revelación de secretos. En este sentido, ha argumentado que no ha quedado patente que el condenado hubiera obtenido ningún tipo de beneficio económico ni causado perjuicios a terceros.

En caso de que la Sala, de cuya sentencia será ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, no acceda a la libre absolución de sus representados, la defensa ha reclamado que de forma subsidiaria se castigue a los dos con una pena de tres meses de prisión por un delito de extorsión mientras que por descubrimiento y revelación de secretos se castigue a Gómez Campillo con 14 meses de privación de libertad y a Segovia con doce meses.

Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha rechazado admitir el recurso presentado por la defensa y ha solicitado que se mantenga la sentencia condenatoria del tribunal de instancia.