MÁLAGA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La defensa de uno de los imputados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), insiste en reclamar la competencia de la Audiencia Nacional en la causa y solicita a la Sección Cuarta de dicho órgano judicial que anule el auto dictado por la misma, en el rechazaba una posible falta de competencia en el procedimiento del instructor Miguel Ángel Torres.
Las defensas de los imputados Victoriano Rodríguez y Rafael Calleja plantearon una cuestión de competencia por inhibitoria, al entender que era la Audiencia Nacional el órgano que debía hacerse cargo del caso. Esta cuestión fue resuelta por el juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, Juan del olmo, desestimándola, aunque la resolución fue recurrida en apelación.
La Sala desestimó los recursos presentados por dos de los abogados personados en la causa y ahora contra ese auto, la defensa de Calleja ha elaborado un escrito plateando un incidente de nulidad, en el que pide, según el documento al que tuvo acceso Europa Press, que se anule la resolución y se dicte otra en la que se resuelvan los motivos esgrimidos en el recurso.
En este sentido, en el escrito se señala que "no cabe cuestionar de oficio la legitimación para promover una inhibitoria ya resuelta en el fondo por el juez de instrucción". Además, se indica que "debió resolver el fondo de la cuestión planteada", es decir, pronunciarse sobre si concurría alguno de los criterios para recabar la competencia de la Audiencia Nacional.
"No se ha resuelto sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto por esta parte, en clara incongruencia omisiva del fallo, al haber planteado la Sala un motivo de desestimación que empeora la situación procesal del recurrente", se precisa en el documento, en el que se insiste en que esa ausencia de resolución "hace incurrir al auto cuya nulidad se pretende en vicio de incongruencia omisiva".
Entre los argumentos de estas dos defensas para pedir la competencia de la Audiencia Nacional destaca el que los informes policiales reconocen que se trata de una investigación "a escala nacional" y de delitos que podrían producir "grave repercusión en la economía del país".
Además, coincidían en que tanto las intervenciones telefónicas como los registros se practicaron en varias provincias españolas; y argumentaron que el decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella se adoptó por el Consejo de Ministros sobre la base de un informe de valoración del abogado del Estado, en el que se indicaba que podía apreciarse "una afectación perjudicial al interés general de la nación", por la "proyección exterior".
El juez del Juzgado Central de Instrucción número 6 rechazó los planteamientos de los letrados, atendiendo al dictamen emitido por el fiscal Anticorrupción, en el que se entendía que había que desestimar la inhibitoria puesto que la investigación "se concentra" en el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, "y en la posición predominante que el mismo logró en el Ayuntamiento de Marbella".
El fiscal señalaba, así, que "toda la trama dispuesta para nutrir ese patrimonio ilícitamente obtenido aparece concentrada en Marbella y su principal protagonista --Roca-- controla desde dicha ciudad tanto los distintos pagos que efectúan los otros imputados como los sucesivos pasos de la actividad municipal".
