Dependencia.- La consejera gallega se queja de que las cuotas que da el Estado para los servicios sean "fijas"

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de trabajo y bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, ha denunciado este miércoles que el Gobierno Central fije estrictamente las cuotas correspondientes a cada servicio de la Ley de Dependencia sin tener el cuenta el tipo de necesidad requerida. "Ninguna de las financiaciones tienen que tener una cifra fija. Tienen que ir en función del servicio que se presta al dependiente" ha afirmado.

La responsable de asuntos sociales gallega ha realizado estas declaraciones minutos antes de que diera comienzo el Consejo Territorial de Dependencia en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que preside la Ministra Leire Pajín que en esta ocasión tiene, entre otros, el objetivo de fijar precisamente cuál va a ser la cuota que recibirán los beneficiarios del nuevo grado de servicios de la Ley de Dependencia que entra en vigor el próximo 1 de enero.

Se trata del grado I de Dependencia Moderada, nivel 2, el cual está dirigido a aquellas personas que tienen un nivel de dependencia moderada, es decir, que necesitan ayuda para realizar algunas actividades de la vida diaria al menos una vez al día o requieren un apoyo limitado o intermitente para su autonomía personal.

Según la consejera, "lo que se va a aprobar es atender el grado uno con 60 euros sin saber que el servicio que se presta puede costar 300 o 350 euros". "Una vez más son las comunidades autónomas las que tenemos que dar respuesta y las que tenemos que financiar en un porcentaje que no es" ha señalado Mato, haciendo referencia al hecho de que cuando se da esta circunstancia, la comunidad autónoma acaba asumiendo un gasto mayor al que le corresponde que debería ser el 50% del total de la prestación.

RETRASO EN LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO

La responsable de asuntos sociales de la Xunta también ha denunciado este miércoles "el retraso por parte del gobierno en la definición no sólo del catálogo del servicio que entra en funcionamiento en enero sino también en la comunicación oficial que se hará hoy sobre cual va a ser la aportación económica de un nuevo grado que entra en funcionamiento en apenas ocho días".

Según la consejera es algo que "debería haberse hecho muchísimo antes" ya que "es difícil hacer unos presupuestos dentro de las autonomías para poder intentar atender una nueva responsabilidad y un nuevo derecho para los dependientes sin conocer cual va a ser la aportación de financiación del estado".