El desbloqueo del Estatuto de C-LM en el Congreso abre la puerta al extremeño mientras el canario sigue estancado

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El desbloqueo del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, con la votación el pasado miércoles en la Comisión Constitucional del dictamen de la Ponencia después de más de dos años de estancamiento, abre la puerta a la tramitación de la décima ley autonómica que llega a las Cortes Generales desde 2004. Otro de los llamados estatutos de segunda generación, el canario, continúa estancado en la comunidad después de que su paso por la Cámara Baja terminara sin acuerdo.

La Comisión Constitucional del Congreso, presidida por el socialista Alfonso Guerra, suele abordar los proyectos de reforma de los estatutos de autonomía según el orden en el que van llegando, por lo que un mayor retraso en la tramitación del castellano-manchego podría haber impedido convocar la ponencia del de Extremadura, texto sobre el que aún no ha terminado el plazo de presentación de enmiendas.

No obstante, el presidente de la Cámara, José Bono, reconoció que no había ningún obstáculo reglamentario para que la reforma extremeña adelantase a la castellano-manchega. En cualquier caso, no ha habido lugar a que la costumbre se rompiera después de que la Ponencia de esta última se votara esta misma semana.

Desde 2004 el Congreso ha estudiado hasta diez proyectos de reforma de estas leyes autonómicas. Seis de ellos completaron la tramitación (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León), uno fue rechazado por el Pleno en el primer debate (el conocido como Plan Ibarretxe de Euskadi) y otro se frustró en comisión por falta de consenso (Canarias).

Al canario se unirá próximamente el de Castilla-La Mancha, que va a ser devuelto a las Cortes regionales después de que PSOE y PP no se pusieran de acuerdo sobre el tema del agua a pesar de que el texto salió del Parlamento autonómico con el apoyo de estos dos partidos.

Después de que el proyecto fuera aprobado en la Comisión Constitucional con los únicos votos del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció que el Grupo Socialista hará una petición al presidente de las Cortes autonómicas para que convoque un Pleno extraordinario a fin de "plantear la retirada" de la reforma.

REFORMA EXTREMEÑA

Así pues, este fracaso del Estatuto castellano-manchego ha despejado el camino para que la norma extremeña continúe su tramitación con la presentación de las enmiendas parciales. El proyecto de Extremadura llegó al Congreso a finales del pasado septiembre con el aval de la unanimidad en el Parlamento autonómico y el 17 de noviembre el Pleno de la Cámara Baja dio luz verde a su toma en consideración con los únicos votos en contra de Izquierda Unida (IU) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

A partir de entonces, el texto inició los trámites parlamentarios normales para su aprobación final y los ponentes de PSOE y PP han empezado ya a negociar para buscar un acuerdo sobre las enmiendas con idea de poder registrarlas en dos o tres semanas y que la nueva norma quede aprobada antes del verano.

Fuentes socialistas explicaron a Europa Press que no creen que haya problemas para que los dos grandes partidos suscriban las mismas enmiendas, dado que el texto salió del Parlamento extremeño con el apoyo de ambos. De hecho, hablaron de "buena interlocución" con el PP. Este amplio acuerdo permitiría que la tramitación en el Congreso se realizara con rapidez para luego pasar al Senado.

NEGOCIANDO EN CANARIAS

Hasta esta semana, cuando el texto castellano-manchego no alcanzó el acuerdo, el proyecto de reforma del Estatuto canario era el único que no se había aprobado en las Cortes Generales tras su toma en consideración de los diez presentados durante las dos últimas legislaturas.

El proyecto que salió del Parlamento de las islas en 2006 comenzó su tramitación en el Congreso el 6 de febrero del siguiente año, pero los partidos con representación en Canarias no lograron ponerse de acuerdo en Madrid, por lo que el Parlamento regional decidió su retirada diez meses después.

En estos momentos, la negociación de la reforma está paralizada ante la falta de acuerdo de los tres partidos con representación autonómica, los que forman Gobierno --CC y PP-- y el único partido de la oposición, el PSOE, que aspira a introducir una reforma del sistema electoral que sobre todo los nacionalistas canarios no ven con buenos ojos.

Mientras el presidente regional, Paulino Rivero (CC), ha culpado al Gobierno central de que las negociaciones del nuevo Estatuto, uno de sus objetivos para esta legislatura, se hayan desinflado, tanto el PSOE como Nueva Canarias, formación desgajada de CC que lidera el ex presidente Román Rodríguez, consideran que los nacionalistas han bloqueado la reforma del sistema electoral para seguir beneficiándose de un sistema que penaliza a los partidos pequeños y prima sensiblemente el peso de las islas menores.